A cuatro años de denunciar violación, su caso sigue sin audiencia intermedia y el agresor sin castigo

"Pedir justicia no es pedir mucho": Liz
La silla rotaLa silla rota

Toda su infancia fue víctima de agresiones por parte de la pareja de su mamá.

Para Ale y su hija, denunciante de violación, la justicia no llega. Cuatro años pasaron desde el inicio del proceso, hasta el momento sin audiencia intermedia.

Liz, quien en su edad adolescente denunció las agresiones sexuales vividas a lo largo de su niñez, ahora con mayoría de edad pareciera transitar en un camino sin fin. El presunto implicado, exregidor de Obras Públicas del ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, Javier Daniel G. R., actualmente preso en el penal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, podría ser puesto en libertad por omisiones y errores de la Fiscalía.

Javier Daniel G. R. y Ale iniciaron una relación cuando Liz tenía sólo cuatro años de edad. Como pareja tuvieron dos hijas más. Al llegar la adolescencia, “Liz” rompió el silencio.

“Esta agonía empezó el 17 de mayo de 2017 con la denuncia. En el 2018 estuvimos presionando para que se girara la orden de aprehensión y nada, fue un año muerto. Llega enero de 2019 y el señor toma posesión de un cargo público como regidor de Obras Públicas, cobijado por la presidencia municipal Yolanda Santos Sarmiento y su comitiva de Morena. Ahí es cuando se complica aún más”, relata Ale, quien en ningún momento ha dejado de luchar.

Sin consentimiento de Ale, como tutora de Liz -entonces menor de edad-, la denuncia de violación fue utilizada por el grupo opositor del Cabildo para el golpeteo mediático y consecuentemente afectación al caso.

“Era evidente que no querían justicia para mi hija, lo que querían era perjudicar al señor y de paso me perjudicaron a mí. Ellos pusieron en evidencia la carpeta de investigación, la hicieron pública en redes sociales”. El acceso al expediente sólo pudo haber sido posible con la complicidad de personal de la Fiscalía.

Tras su insistencia ante el entonces fiscal de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, el 13 de mayo de 2019, Javier Daniel G. R. fue detenido. Con el centro PAIMEF como apoyo legal y psicológico, Ale y Liz trataron de impedir que fuera puesto en libertad. No lo lograron.

Una primera irregularidad fue que, al cumplir la mayoría de edad, la Fiscalía sacó del expediente a Ale y sus abogadas. Liz se vio obligada a presentarse sin defensa. En tanto que, por omisiones y falta de pericia, la ministeria pública sólo acreditó violación equiparada y no violación agravada, pese a que en la carpeta estaba asentado que Javier Daniel había cometido violación desde que Liz tenía seis años hasta los 14. Con el pago de una fianza de 30 mil pesos, él fue puesto en libertad. En ese lapso Ale fue víctima de daños a su camioneta y le fue sembrada droga en su vehículo, pese a que tenía medidas de protección.

A través de un amparo, logró que el expediente se revisara, pero debido a las irregularidades a lo largo del proceso. Éstas fueron acreditadas y aceptadas por un Juez Federal.

En noviembre de 2019 el implicado metió un recurso de apelación. Debido a la pandemia, fue hasta el 30 de noviembre de 2020 cuando se llevó a cabo una nueva audiencia de más de seis horas.

“Llegó un momento en que pensamos que nuevamente iba a ser dejado libre porque lo vertido por el ministerio público favorecía al señor”, pese a ello el delito fue reclasificado a violación agravada y se estableció la prisión preventiva.

El juez solicitó en esa audiencia la integración de otra carpeta con los hechos, lo que implica que de nueva cuenta Liz narre todo lo ocurrido. La Fiscalía hasta el momento se ha negado a subsanarlo, pues argumenta que se puede hacer en el momento del juicio. “Esto puede perjudicar el expediente de mi hija”.

“A mi no me consta que esté dentro del penal. Hay personas que me han dicho que lo han visto fuera. Mis propias hijas me han dicho que lo vieron hace cuatro meses. Yo puedo asegurar que lo vi y él me vio”.

Actualmente madre e hija se encuentran a la espera de la fecha para la audiencia intermedia. Bajo argumento de que como éste hay miles de casos más que atender, la Fiscalía no ha puesto interés en garantizar justicia, por el contrario, ha colocado obstáculos al exigir, pese a que es parte de sus funciones, exámenes periciales especializados hechos por peritos victimológicos. “Desde el inicio han revictimizado a mi hija, la han hecho sentir culpable”.

El desgastante proceso les arrebató la libertad, tranquilidad y seguridad a Ale y Liz. Por momentos parecieran flaquear, parecieran estar librando una batalla sin armas y con las instituciones en su contra.  El riesgo de que sea liberado es alto y con ello engrosar la impunidad en Oaxaca.

“No tengo la certeza de nada, no tengo la seguridad de que haya justicia a mi hija, no veo claro. Cuatro años para llegar a la etapa intermedia es mucho. Cada vez que voy a tocar una puerta es volver a contar toda la historia y esto es desgastante. Mi hija está cansada. Ella dijo algo que a mí me movió mucho: pedir justicia no es pedir mucho; la justicia para los jueces va a ser determinarlo culpable o inocente, pero yo voy a vivir con esto toda mi vida”.

La impunidad 

"El caso de Ale y Liz representa el patrón que existe en los sistemas de procuración de justicia, un patrón insensible, ineficiente y sin la posibilidad de hacer un trabajo medianamente bien hecho que permita tener acceso a la justicia", señaló Angélica Ayala Ortiz, presidenta del Grupo de Estudios Sobre la Mujer Rosario Castellanos.

Al analizar el proceso, la activista feminista indicó que lo que se observa es la revictimización, la duda, el cuestionamiento, falta de credibilidad y tener que pedir que demuestren que su palabra es verdad. Aunado a lo anterior evidencia la falta de profesionalización y capacitación para la atención a mujeres víctimas de violencia.

La dilación es otro elemento que agrava el acceso a la justicia, pues cuando no llega de manera pronta y expedita ya no es justicia. “Es un pedazo, migajas de justicia, muchas veces, ni siquiera eso”.

El caso de Ale y Liz, añadió, evidencia todos los demás casos que obligan a las denunciantes a desistir, pues pareciera que todo juega en su contra.

Actualmente -añadió- con el actual fiscal de justicia, Arturo Peimbert Calvo, se ha sumado una amenaza más, pues las mujeres son condicionadas a que no hagan público sus casos, pues de lo contrario esto no avanzarán.

Junto con la violencia familiar y robo de vehículos, la violencia sexual es uno de los delitos más frecuentes registrado en cifras de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO). Los datos señalan que tan sólo en 2020 fueron presentadas mil 802 denuncias.