Acceso a la memoria, justicia y verdad, pide DDHPO para las víctimas del 14 de junio de 2006

Bernardo Rodríguez Alamilla, en entrevista

En casos de violaciones a derechos humanos graves, como las ocurridas en Oaxaca durante el 14 de junio de 2006, resulta fundamental garantizar a las víctimas, sus familias y la sociedad, el acceso a la memoria, justicia y verdad, aseguró el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Bernardo Rodríguez Alamilla.

“En esa ocasión, el Estado mexicano incurrió en graves violaciones a los derechos humanos”, aseveró.

El ombudsperson sostuvo que la garantía de acceso al derecho a la memoria, a la justicia y a la verdad, romperá con el sistema a través del cual la impunidad permite la repetición de este tipo de actos.

“De tal forma que las autoridades tienen la obligación de realizar acciones y políticas públicas encaminadas a la garantía del derecho a la memoria y a la verdad, como una forma de reconocer su responsabilidad, además de reivindicar la dignidad de las víctimas”, asentó.

Expuso que el Estado mexicano necesita buscar a las cientos de víctimas de graves violaciones a derechos humanos en el 2006 para poder acudir a mecanismos de justicia transicional y con esto, ocuparse de los crímenes y abusos cometidos.

“Pero, también tiene que ir más allá y hacer frente a las violaciones de derechos humanos que precedieron al mismo y lo provocaron”, añadió.

Por eso, subrayó que es una obligación de los distintos niveles de gobierno adoptar mecanismos para brindar a las víctimas, sus familias y la sociedad, una rendición de cuentas sobre la intervención de las instituciones en lo ocurrido.

“Es que en un proceso de  justicia transicional, los crímenes del pasado, cometidos por un régimen represor, se solucionan de forma efectiva con el fin de construir una sociedad democrática, inclusiva y pacífica”, anotó.

Destacó que el reconocimiento pleno del derecho a la verdad es una respuesta a una demanda irrenunciable de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, sus familias y la sociedad entera, pues conocer plenamente lo ocurrido, las circunstancias, sus causas, así como identificar a los perpetradores, es una forma de combatir la impunidad y una acción para evitar la repetición de este tipo de hechos.

“Reconocer el derecho a la memoria como un derecho humano es esencial para lograr la reconstrucción del tejido social en la entidad, además la memoria colectiva es un bien común y la herramienta por medio de la cual se liga el pasado con el presente, lo que hace que este tipo de hechos continúen influyendo en la situación actual”, apuntó.

Rodríguez Alamilla dijo que el reconocimiento del derecho a la memoria, justicia y verdad de las víctimas de violaciones graves a derechos humanos del pasado, es una herramienta eficaz para combatir la impunidad.

“Es romper con el sistema que permite la continuidad y recurrencia de violaciones a derechos humanos en el presente”, terminó.