Decepciona a organizaciones sociales de Oaxaca designación de nuevos magistrados

Una alianza de organizaciones civiles manifestó su “profunda decepción” por la forma utilizada para el nombramiento de dos nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), porque trastocan trastoca la independencia judicial, ante la abierta injerencia del Poder Ejecutivo.

“Esta designación sucede a pesar de que durante muchos años se ha pugnado y exigido una verdadera autonomía jurisdiccional que garantice el acceso a la justicia y el fin de la impunidad”, afirmó en su representación, la coordinadora general del Comité de Defensa Integral de derechos Humanos Gobixha (Codigo-DH), Sara Méndez Morales.

La activista expuso que quienes fueron nombrados han sido señalados por carecer de una formación judicial, experiencia e inclusive de contar con antecedentes de violencia.

“Esto, pone en duda su integridad e idoneidad, lo que no fue tomado en cuenta al momento de su designación”, añadió.

De este modo, subrayó que el Poder Ejecutivo dejó de tomar en cuenta el contenido del principio número 10, de los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura.

“Ahí, se dispone que las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales serán personas íntegras e idóneas y tendrán la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas”, anotó.

Destacó que en los últimos años, se ha puesto énfasis en establecer los requisitos para contar con una judicatura independiente, competente e imparcial, sin embargo, estos elementos siguen siendo inobservados y menos aún tomados en cuenta.

“Es necesario entender que quienes cumplen con una función jurisdiccional, tienen la encomienda de impartir justicia y salvaguardar los derechos fundamentales, pues debilitar la independencia judicial es un ataque frontal a la democracia”, recalcó.

Por eso, resaltó que el uso del marco legal para dar cabida a la voluntad de quienes dirigen el destino del país y el Estado, violentan  la tan anhelada independencia judicial.

Méndez Morales dijo que vale la pena traer a cuenta los principios número uno y dos establecen la independencia de la judicatura por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país.

“En ese sentido, todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura”, terminó.