Mujeres indígenas y afromexicanas de Oaxaca podrían enfrentar usurpación de espacios y abandono presupuestal

Se renovarán 153 presidencias regidas por partidos políticos
Emilio Morales Emilio Morales

La usurpación de espacios y el abandono presupuestal serán dos de los grandes riesgos que pudieran jugar en contra de los derechos político electorales de las mujeres indígenas y afromexicanas en las elecciones municipales donde se renovarán 153 presidencias regidas por partidos políticos.

El órgano electoral local, así como los jurisdiccionales tendrán que actuar de manera responsable y comprometida para evitar que la simulación sumada a las barreras estructurales históricas, violenten el camino de las mujeres en el acceso a los cargos de representación pública. Revisar a conciencia y escrupulosamente cada una de las candidaturas, será determinante.

Edith Matías Juan, Integrante del la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas (ANPMI) e integrante del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet), señaló que ante el reconocimiento y garantía tardía para que las mujeres pudieran desempeñarse en la esfera política, muchas que apenas se están incorporando como militantes en los partidos políticos enfrentarán procesos sin el acuerpamiento. “Los partidos tienden a no apostar por ellas”.

Los recientes procesos electorales han evidenciado cómo los particos políticos buscan cualquier resquicio para burlar lo establecido en la ley, no sólo colocando a las mujeres en espacios con pocas posibilidades de triunfo para cumplir con la cuota, sino postulando a familiares (esposas, hijas, hermanas) o apostando por candidatas a quienes después obligan a renunciar para que su espacio sea asumido por un hombre.

En otros casos -abundó- también hay toda una estructura que obedece a intereses que restan la posibilidad de acción y toma de decisiones de las mujeres para colocar sus propias agendas. Eso es bastante evidente y es un problema que venimos arrastrando de elecciones anteriores que necesario seguir nombrándolas, visibilizándolas porque de otra manera no se pueden resolver”.

Edith Matías Juan, indígena zapoteca originaria de Villa de Díaz Ordaz, licenciada en Ciencias de la Educación, promotora de los derechos lingüísticos, e integrante de la ANPMI desde el 2014 destacó que, si bien los órganos electorales han avanzado en generar protocolos, de mecanismos de acciones afirmativas, siguen inmersos en determinadas disyuntivas.

“En las acciones afirmativas a personas indígenas, los partidos colocan a personas que, en términos legales, un acta de nacimiento y una credencial de elector te dicen que es originaria de tal comunidad y se puede auto adscribir como persona indígena, cuando toda su trayectoria, su formación, su ciudadanía se ha ejercido fuera de estos espacios. Hay muchas lagunas y espacios que dan pie a las simulaciones en donde aparentemente se están jugando con las reglas de los órganos electorales pero que sin embargo tienen muchos vacíos”, asentó.

Los órganos electorales -abundó- necesitan aprender cómo definir una ciudadanía indígena, como identificarla y cómo funcionan los sistemas normativos para resolver las controversias que se están generando.

“Finalmente los órganos electorales actúan conforme a las reglas establecidas y, aunque no sea lo correcto o sus decisiones no sean tan justas desde la perspectiva social, se ciñen a sus reglamentos y protocolos enunciados en diversas materias”.

Los lineamientos actuales, marcan que para el registro de fórmulas de candidaturas de personas indígenas y afromexicanas, basta con que la personas manifiesta su autoadscripción indígena y acredite con al menos una de las siete opciones documentales: acta de nacimiento, constancia de haber prestado cargo o servicio comunitario, constancia que acredite ser representante de alguna comunidad o asociación indígena o afro que tenga como finalidad mejorar o conservar sus instituciones; constancia expedida en términos del sistema normativo interno de la comunidad en la que se les reconozca  la pertenencia de la misma; constancia de lenguas; por persona ejidataria o comunera; o constancia de adscripción expedida por la autoridad municipal.

Déficit de mujeres en presidencias municipales

Si bien, las acciones afirmativas, así como las reformas en materia de paridad realizadas a lo largo de los últimos ocho años, han dado como resultado un incremento significativo de las mujeres en los espacios de poder y toma de decisiones en los municipios regidos por partidos políticos, aún no se ha logrado la paridad numérica.

Durante el proceso electoral ordinario de 2012-2013, sólo 8 mujeres desempeñaron como presidentas municipales (5.22%). Para el 2015-2016, fueron electas 38 (24.83 %). En la siguiente elección, la correspondiente al 2018-2019 un total de 52 alcanzaron la primera concejalía (34%).

El camino ha sido largo y hecho a base de la lucha feminista, en donde ha jugado en contra los cacicazgos, falta de voluntad de los partidos y trampas de actores políticos.

Así, para las elecciones de 2018 hubo nuevas herramientas para que más mujeres pudieran gozar del derecho a ser votadas, además de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca que contempló la paridad en las postulaciones, en los Lineamientos de Paridad de Género se incluyó las listas de competitividad para que los partidos políticos tuvieran que postular tanto candidatas como candidatos en municipios donde tenían posibilidades reales de ganar, y no únicamente postular a mujeres donde las estadísticas en anteriores elecciones no les favorecían.

La importancia de que las mujeres estén presentes en las presidencias municipales de forma paritaria es que su presencia se traduzca en políticas públicas que busquen mejorar la calidad de vida de este grupo poblacional, sobre todo cuando se trata de mujeres indígenas y afromexicanas, quienes enfrentan mayores discriminaciones y se vulneran aún más sus derechos.

Las trampas

En el proceso electoral 2018-2019, demás del registro de hombres en los espacios destinados a mujeres trans, otras de las trampas ejecutadas por los partidos políticos para usurpar los espacios destinados a las mujeres fueron orillar a las renuncias de mujeres electas.

Uno de estos casos fue el de San Juan Tamazola, donde tras haber rendido protesta como presidenta municipal por la coalición PRI-PVEM-PANAL, Angélica Huerta Atristaín, así como su suplente renunciaron para dejar el cargo a su cuñado Óscar Sánchez Ruiz, ex edil municipal de la administración saliente.

Lo mismo ocurrió en San Miguel Ahuehuetitlán, con Fidelia Bernarda Cuenca Fermín; en San Juan Bautista Tlacoatzintepec, con Marta Regules Mendoza. Así como en San Juan Colorado, Santa María Teopoxco y Pinotepa de Don Luis, en donde las mujeres fueron amenazadas para que abandonaran sus cargos.