Pide Cedhapi intervención a gobierno federal y estatal para que no sean vendidas las tierras comunales

Exigen que se respete el derecho a consulta en Ixcatlán

Pide Cedhapi que sean respetados los derechos de los comuneros.

El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) solicitó la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, para que se respete el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada de los Pueblos Indígenas y así no sean vendidas las tierras comunales de Santo Domingo Ixcatlán.

El presidente de esa organización civil, Maurilio Santiago Reyes, informó que la señora Alma Morales Arias, autonombrándose presidenta del Comisariado de Bienes Comunales, firmó un convenio el 11 de diciembre del 2017 con las autoridades agrarias de Chalcatongo de Hidalgo, para ceder 916-77-71.31 hectáreas.

Explicó que en ese convenio, las dos representaciones agrarias acordaron solicitar, una vez ratificado el documento ante el Tribunal Unitario Agrario, a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), integrarlo en el Programa Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer) y desarrollar los trabajos de avalúo de la superficie, para realizar el pago correspondiente.

Incluso, expuso que en este convenio firmaron como testigos de honor el gobernador Murat Hinojosa y el delegado de la Procuraduría Agraria (PA), Francisco Javier Cañada Melesio.

Sin embargo, observó que este convenio no pudo ser consolidado, porque el Tribunal Unitario Agrario 46, con sede en Huajuapan de León, decretó una medida cautelar en el juicio agrario 1527/2017, donde requirió a los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales y al Consejo de Vigilancia de Santo Domingo Ixcatlán, abstenerse de comprometer a través de cualquier acto o contrato, el patrimonio de la comunidad y sus intereses, a partir de la celebración de actos trascendentales donde se comprometan la propiedad de ese núcleo agrario.

De esta manera, requirió al presidente López Obrador y al gobernador Murat Hinojosa garantizar la Consulta Previa, Libre e Informada de los Pueblos Indígenas, porque ese convenio violenta ese derecho.

Además, exigió a las autoridades agrarias federales y estatales no reconocer ninguna representación legal de Morales Arias, ni firmar algún convenio que afecte el territorio de Santo Domingo Ixcatlán.

Aparte de esto, demandó a la PA convocar a una nueva elección de los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales y del Consejo de Vigilancia, conforme a las disposiciones de la Ley Agraria, para que sean respetados los derechos de los comuneros.

Santiago Reyes también solicitó el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para prevenir un daño irreparable, porque funcionarios del gobierno estatal, en particular el coordinador General de Atención Regional, Marco Antonio Hernández Cuevas y otros funcionarios, han amenazado e intimidado a las autoridades municipales y vecinos de Santo Domingo Ixcatlán.