Preocupa a observatorio asesinatos de defensores del territorio y derechos humanos en Oaxaca

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos rechazó el asesinato del defensor comunitario Fidel Heras Cruz y manifestó su preocupación por las elevadas cifras de ataques en contra de quienes defienden el derecho a la tierra y al territorio en Oaxaca.

En una comunicación, esta instancia, formada por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), informó que al menos 25 personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, de la tierra y del territorio, fueron asesinados de 2017 a la fecha, según un recuento del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca.

Por esto, urgió a las autoridades estatales y federales investigar de manera inmediata, exhaustiva e imparcial el asesinato de Heras Cruz, con el fin de identificar a los responsables intelectuales y materiales, llevarlos ante un tribunal competente, independiente e imparcial y aplicarles las sanciones penales previstas por la Ley. 

Además, requirió que en la investigación se priorice como hipótesis de estos crímenes las actividades de defensa de derechos humanos, tal y como establecen los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

De la misma manera, demandó adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica del Comisariado Ejidal de Paso de la Reyna y del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), así como de todas las personas defensoras de la tierra y el territorio en el estado de Oaxaca;

Aparte de esto, exigió poner fin de manera inmediata a todo tipo de hostigamiento en contra de las personas defensoras de la tierra y del territorio, así como en general en contra de todas las personas defensoras de derechos humanos México.

Por último, pidió incluir como tema central en la agenda de los derechos humanos del gobierno federal el establecimiento de una política integral de garantías para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos en México, con amplia participación de la sociedad civil.