Penal de Miahuatlán, una de las "transas" de García Luna

CIUDAD DE MÉXICO.- Por considerarlos abusivos, el gobierno federal buscará cancelar los contratos millonarios multianuales que la administración de Felipe Calderón firmó, bajo el esquema de asociación público privada (APP) con proveedores de servicios para penales federales, anunció ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entre ellos se encuentra el Centro Penitenciario de Miahuatlán de Porfirio Díaz, en el estado de Oaxaca.

Según datos presentados en la conferencia matutina en Palacio Nacional, en los últimos nueve años la Federación ha pagado 75 mil 661 millones de pesos a empresas privadas para prestar servicios en ocho centros penitenciarios, aunque el monto por cubrir asciende a 190 mil 638 millones de pesos.

Tan sólo en 2020 se erogaron 15 mil 562 millones de pesos en penales denominados "privados", cifra que representó el 68.3 por ciento del presupuesto total que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ejerció en Prevención y Readaptación Social.

"Obviamente aquí hubo abusos de todo tipo (de) los beneficiarios de estos contratos muy vinculados al poder, me reservo los nombres a no ser que me lo pida el INAI, pero son empresas muy vinculadas a políticos, mucho muy vinculadas a políticos", señaló López Obrador.

"Y esto es lo que ya no queremos que vuelva a suceder en el país, y es un botón de muestra desgraciadamente, porque esto se extendió por todo el gobierno, se dedicaron a saquear durante el periodo neoliberal, privatización sinónimo de corrupción, pero a estos extremos".

Explicó que existen dos vías para cancelar los contratos, una es llegar a un acuerdo con los proveedores, entre los que se encuentran EXI Quantium, GIA, Capital Inbursa, Concesionaria en Infraestructura Penitenciaria de Michoacán y Black Rock.

 En caso de no llegar a un arreglo, abundó, se interpondrá una demanda civil, ya que la vigencia de los contratos es de 22 años salvo en caso de recisión o terminación anticipada de los mismos.

Julio Scherer, consejero jurídico de la Presidencia, indicó que los contratos fueron otorgados mediante adjudicación directa y los pagos a las empresas se realizan de forma mensual por el total de la capacidad de población del penal, es decir, independientemente del número de reos. Alertó que, de acuerdo con los contratos de prestación de servicios (CPS), una vez concluida su vigencia, los inmuebles y sus instalaciones serán propiedad del proveedor, no del gobierno.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), explicó que los contratos para la prestación de servicios en los penales federales de Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, Morelos (femenil), Michoacán y Guanajuato, se firmaron entre 2010 y 2011, cuando el secretario de Seguridad federal era Genaro García Luna.

En 2020, detalló, el gasto diario promedio por persona privada de la libertad en estos centros fue de 3 mil 819 pesos. No obstante, en penales como el femenil de Morelos y el de Michoacán el gasto fue de 6 mil 411 y 5 mil 69 pesos, respectivamente.

"No se paga más que un promedio de 500 pesos en los penales que maneja el gobierno de la Ciudad de México", apuntó.

"Los beneficiarios de estos contratos estaban muy vinculados al poder, me reservo los nombres a no ser que me lo pida el INAI, pero son empresas muy vinculadas a políticos".

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

 

NUMERALIA

Panorama

8 centros penitenciarios implicados 

75,661 mdp es el gasto anual en los últimos 9 años

 36 % del pago total representa la cantidad

190,638 mdp es el monto pendiente de pago hasta 2032 y 2036

266,300 mdp sería el costo total proyectado