Celebra conversatorio virtual el TSJE sobre justicia indígena en Oaxaca

Al participar en el conversatorio virtual “Justicia Indígena en Oaxaca: caso Suchixtlahuaca”, el magistrado Luis Enrique Cordero Aguilar, presidente de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), señaló que los actos que resuelven las autoridades comunitarias indígenas son válidos por sí mismos porque tiene un respaldo constitucional y convencional.

Mencionó que a casi 5 años de su creación, esta instancia ha recibido cerca de 150 casos en su competencia para conocer, atender y resolver los asuntos relativos a la jurisdicción indígena, es decir, los conflictos de las comunidades como la inconformidad de alguna persona ante la decisión de la autoridad correspondiente.

Sobre el caso de San Cristóbal Suchixtlahuaca, Coixtlahuaca, explicó que se trata de un hecho histórico en el sistema judicial del país donde la Primera Sala de la SCJN avaló la validez de la sentencia emitida por la Sala de Justicia Indígena y estableció un criterio de avanzada en el reconocimiento de la jurisdicción indígena.

"Con esta resolución, la SCJN reconoce la deuda histórica que existe por parte del Estado mexicano hacia las comunidades y pueblos indígenas, en cuanto al derecho constitucional y convencional que les asiste al regirse por sus propios sistemas normativos", dijo.

Indicó que en todo el país está reconocida la justicia indígena, pero en Oaxaca tiene un desarrollo normativo y un reconocimiento constitucional local que le distingue a nivel nacional.

En el conversatorio virtual participaron la maestra Araceli Guadalupe Cruz Oropeza, delegada en Oaxaca del Instituto Federal de Defensoría Pública; el maestro Carlos Morales Sánchez, presidente de Litigio Estratégico Indígena, Asociación Civil; el maestro Gerardo Martínez Ortega, abogado triqui experto en derechos de los pueblos indígenas y como moderadora fungió la maestra Rita Bell López Vences, directora del Centro Oaxaqueño para la Igualdad.

La controversia analizada surgió en 2016 de un juicio de derecho indígena promovido por integrantes del ayuntamiento de San Cristóbal Suchixtlahuaca, Coixtlahuaca, para que la autoridad judicial reconociera su sistema normativo interno, aplicado contra un habitante ante la destrucción de 84 árboles de la reserva ecológica de la comunidad, ocasionada por 104 chivos de su propiedad.