Piden a municipio de Unión Hidalgo transparentar monto de impuestos cobrados a las empresas eólicas

 Gerardo Valdivieso Parada Gerardo Valdivieso Parada

Activistas quieren saber en qué se gasta el ayuntamiento los impuestos cobrados a las empresa eólicas.

Romel Matus, integrante del Comité de Resistencia de la Tierra y el Territorio, entregó una solicitud de información al Ayuntamiento de Unión Hidalgo, mediante el cual pide transparentar el monto de los impuestos cobrados a las empresas eólicas instaladas en el municipio y el destino que le dieron a esos recursos durante los dos últimos ejercicios fiscales.

El activista solicitó en particular el informe de los impuestos que entrega la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex), filial de la transnacional de origen español Renovalia Energy, que opera el parque eólico más grande de la población, dividido en Piedra Larga I y II.

La primera parte del parque eólico fue puesta en servicio en octubre de 2010, con un total de 45 turbinas eólicas con una potencia nominal total de 90 mil kilobatios o kilowatts (kW), Piedra Larga II inició operaciones en 2017 con 69 turbinas eólicas, con una potencia total de 138 mil kW.

A casi un mes de haber presentado su solicitud, el activista informó que venció el plazo para que la autoridad municipal que encabeza el edil César Carrasco Vicente, diera repuesta a su solicitud de información, por lo que recurrirá al recurso de revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales del Estado de Oaxaca.

De su lado, Edgar Martín Regalado, defensor comunitario, opinó que en los 10 años que opera en la comunidad indígena el parque Piedra Larga, Demex, ni siquiera ha sido una empresa socialmente responsable con la comunidad y solamente cuando se siente presionada regala algunas cosas.

Reconoció que la inversión del estado en las energías limpias, sin la intervención de transnacionales, trae beneficios; recordó que al mismo tiempo que se instaló el parque Piedra Larga en Unión Hidalgo inició operaciones el parque La Rumorosa en Baja California, construido con capital de esa entidad.

“No llegaron extranjeros a construirlo, sino el gobierno del estado, y la energía no se produce para beneficio de una empresa transnacional como Bimbo (empresa que recibe energía del parque Piedra Larga), sino para alumbrado público; las personas de menores recursos económicos reciben una tarjeta que se llama Mi Energía que les da derecho a una cantidad de watts, allá la energía es un derecho como el agua”.

En cuanto a los parques eólicos ya instalados y operados por las transnacionales opinó que “en caso de los proyectos que ya fueron licitados, el Estado mexicano pagaría una fuerte indemnización porque tenemos tratados internacionales firmados donde se garantizan las inversiones extranjeras”.

En caso el caso particular del proyecto Guná Sicarú que se pretende instalar por parte de la transnacional francesa EDF Renovables y que se encuentra en proceso de consulta a la comunidad, opinó que “se tendría que suspender por los derechos humanos que no han sido respetados”. 

 

“No llegaron extranjeros a construirlo, sino el gobierno del estado, y la energía no se produce para beneficio de una empresa transnacional, sino para alumbrado público".

Romel Matus, activista.