Organizaciones LGBTTI demandaron a la Fiscalía de Oaxaca investigar los asesinatos de Geovanna y Shirly como crímenes de odio y con enfoque de derechos humanos.
“En el marco de la remembranza tras, enterarse de transfeminicidios tan dolorosos como el de Giovanna, por la forma en la que la encontraron, por la forma en la que la tiraron, nos habla justamente de que todavía continuamos en un estado en donde las poblaciones LGBT+ siguen estando en estado de desigualdad y vulnerabilidad”, destacó el activista Yoshio Ramírez.
Yoshio, quien fue la primera persona en Oaxaca en contraer matrimonio civil sin la interposición de un amparo, señaló que uno de los elementos importantes que hay que destacar en ambos casos, es visibilizarlos como trasnfeminicidio, pues si bien la figura legal no existe como tal en el estado, es fundamental que se establezca de este amanera.
“Los crímenes a la población LGBT+ son contabilizados a partir de su genitalidad, más no de su identidad de género. Se debe de hacer la investigación pertinente con enfoque de derechos humanos y sobre todo que se investigue como un transfeminicidio sino se vuelve a quedar en la invisibilización”, manifestó.
Por otro lado, a través de un documento dirigido al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, al fiscal de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, así como a la 64 Legislatura local y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organizaciones LGBTTTIQA+ rechazaron y condenaron el aumento de los crímenes de odio y violencia generalizada contra este sector de la población.
“La violencia y los crímenes de odio en función de la orientación sexual, identidad y/o expresión de género, revelan una profunda crisis gubernamental en la elaboración es implementación de políticas públicas a favor de esta población históricamente discriminada por el estado. Derivado del abandono de las instituciones, Oaxaca se está convirtiendo en uno de los estados con mayor índice de violencia y crímenes de odio, la cual es una de las violencias más extremas y crueles que pueden existir en contra de una persona LGBTTTIQA+”, indicaron en el escrito.
En este sentido exigieron a las autoridades la implementación de políticas públicas desde el marco de los derechos humanos y perspectiva de género en prevención, atención, denuncia y sanción para proteger de modo efectivo a dicho sector de la población, lo mismo la implementación y rendición de cuentas en la implementación del Protocolo de Actuación para el personas de las instancias de Procuración de Justicia del país, en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género publicado en el Diario Oficial de la Federación en el 2018 de aplicación obligatoria en todo el país y en el estado por parte de la fiscalía de Oaxaca el 6 de julio de 2013.
