Proponen Ley de Amnistía para indígenas presos por delitos federales

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Históricamente no se han respetado los derechos humanos de los indígenas.

El Centro Profesional Indígena de Asesoría Defensa y Traducción (Cepiadet) inició una campaña pública para liberar a personas indígenas privadas de su libertad por delitos federales en Oaxaca, Campeche y Veracruz, a partir de las disposiciones de la Ley de Amnistía.

El coordinador Jurídico y de Litigio Estratégico de la organización, Gerardo Martínez Ortega, informó que el artículo cuarto de esa norma jurídica dispone la libertad de personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas procesadas o sentenciadas por cualquier delito, por no haber accedido plenamente a la jurisdicción del Estado y por no haber sido garantizado su derecho a contar con intérpretes o defensores con conocimiento de su lengua y cultura.

“Ha existido un patrón sistemático de injusticia en el pasado porque no se respetaban expresamente los derechos humanos, especialmente de los indígenas”, asentó.

Además, subrayó que en muchas ocasiones tampoco se cumplía de manera formal porque había intérpretes o defensores sólo como mero requisito, durante el proceso penal de las personas indígenas.

“Como se dice, no hicieron su trabajo; eran meramente figuras decorativas y así no había un cumplimiento de acceso pleno a la justicia”, añadió.

Por eso, explicó que el Cepiadet emitió una convocatoria a familiares o conocidos de personas indígenas privados de su libertad en esta situación para contactarse con la organización y que presenten su caso.

“Lo primero es recibir el caso, analizarlo y posteriormente hacer la solicitud de amnistía”, indicó.

Destacó que las personas indígenas privadas de su libertad por cualquier delito pueden salir libres porque la Ley de Amnistía no restringe sus beneficios a un asunto determinado.

“Existen altas probabilidades de que sean beneficiados con la amnistía”, agregó.

Martínez Ortega dijo que el Cepiadet desarrollará esta campaña hasta finales del 2021 a través de tres abogados en Oaxaca, por ser el estado con mayor población indígena, y con otros asesores jurídicos en Campeche y Veracruz.