Acciones para prevenir contagios por COVID-19 deben ser aprobadas por Cabildos

La 64 Legislatura del estado exhortó a los ayuntamientos de los 570 municipios del estado para que en sesión de Cabildo, por acuerdos aprobados por mayoría calificada, determinen y realicen las acciones necesarias para prevenir contagios por COVID-19, así como las estrategias para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, con respeto a los derechos humanos de sus habitantes, y los publiquen; el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, en la Gaceta Municipal y el resto de los ayuntamientos, en los estrados del palacio municipal y a través de los medios de comunicación locales.

La proposición con punto de acuerdo propuesto por la diputada priista María Lilia Arcelia Mendoza Cruz, establece que en algunos municipios del estado se han implementado diversas acciones como son: el uso de cubrebocas, caretas, gel antibacterial y lavado de manos, sanitización de espacios públicos, sana distancia hasta cierre de comercios, parques, carreteras y control de acceso a sus comunidades  e impuesto sanciones administrativas por incumplimiento a estas medidas sanitarias. “Sin embargo, solo alguno de los 570 municipios han tomado tales acciones de manera colegiada por acuerdos aprobados por la mayoría del Cabildo, como lo mandata la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, cumpliendo así con el principio de seguridad jurídica en aras de garantizar el derecho humano de protección a la salud a los habitantes del municipio”.

Añade que no obstante, en los municipios donde no se han tomado los acuerdos en sesión de Cabildo y en observancia al principio de seguridad jurídica, se ha generado en la población inconformidad y desacato a las medidas sanitarias, aunado a argumentos de violación del derecho humano de libertad de tránsito, entre otros, a pesar que en el contexto epidemiológico actual, es evidente que debe ponderarse el derecho de protección a la salud.

“Sin soslayar que uno de los principios fundamentales de todo ordenamiento constitucional democrático es la seguridad jurídica, debido a la necesidad de que los ciudadanos sepan, en todo momento, a qué atenerse en sus relaciones con el Estado y con los particulares”.

Manifiesta que el principio de seguridad jurídica, en consecuencia, debe entenderse como la confianza que los ciudadanos pueden tener en la observancia y respeto de las situaciones derivadas de la aplicación de normas válidas y vigentes.