Niegan amparo a Rosario Robles; seguirá vinculada a proceso

Un tribunal federal negó de forma definitiva un juicio de amparo a la extitular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, con que el pretendía revocar el auto de vinculación a proceso que le dictó un juez de control por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

La resolución del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México deja firme el proceso penal que se le sigue a Robles Berlanga por su omisión para denunciar y frenar a sus superiores jerárquicos por los presuntos desvíos que se cometieron en el gobierno anterior mediante la llamada Estafa Maestra.

Derivado del fallo, la exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) seguirá vinculada a proceso y continuará en prisión mientras se desahoga el juicio penal en su contra por permitir el presunto desvío de 5 mil 73 millones de pesos de ambas dependencias.

La defensa de Robles ya había perdido este amparo ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia de la Ciudad de México, de acuerdo con el expediente 723/2019.

Sin embargo, presentó un recurso de queja ante un tribunal federal, que fue negado de forma definitiva, por lo que la nueva resolución confirma el auto de vinculación a proceso que le dictó el juez de Control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, en una audiencia celebrada el 13 de agosto de 2019.

Al analizar la impugnación a la sentencia de primera instancia, los magistrados federales confirmaron la negativa de amparo con el argumento de que existen suficientes indicios para vincular a proceso a la hoy imputada, derivado de que no reportó a sus superiores jerárquicos los presuntos desvíos que se cometieron en Sedesol y Sedatu.

A diferencia del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, Rosario Robles no ha buscado negociar con la Fiscalía General de la República (FGR) para exponer a más involucrados en la Estafa Maestra, mecanismo utilizado en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto para desviar recursos públicos mediante la subcontratación de empresas fachada y la simulación de servicios y obra pública.

Además, la FGR solicitó en su momento someter a Robles a prisión preventiva justificada argumentando riesgo de fuga, petición que no se hizo en el caso de Lozoya, pese a que los fiscales también reconocieron el riesgo de evasión del imputado.