Nueve años presos por ser afromexicanos

El encarcelamiento de Honorio Corcuera Noyola y Margarito González Domínguez, desde hace más de ocho años por delitos que nunca cometieron, constituye un caso paradigmático de injusticia, discriminación y racismo hacia la población afromexicana, afirmó el coordinador del Área Jurídica del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Codigo-DH), Ángel Alberto Hernández Rivera. 

El abogado expuso que los afromexicanos fueron acusados en enero de 2012 por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de los delitos de homicidio calificado con premeditación y ventaja, y de robo calificado con violencia física, en agravio del estudiante de la UNAM, Jesús Israel Moreno Pérez, desaparecido el 8 de julio de 2011, en la comunidad de Lagunas de Chacahua, perteneciente a la Villa de Tututepec.

Explicó que los detenidos fueron sometidos a tortura, malos tratos y coacción por elementos de la PGJE, violando con ello, su derecho al debido proceso y a una investigación apegada a derecho.

Además, observó que la PGJE ejercitó la acción penal por el delito de homicidio calificado a Corcuera Noyola y González Domínguez, sin existir el cuerpo de la víctima, porque aún se encuentra desaparecida.

“A juzgar por las inconsistencias del caso, no me queda duda que el Estado, en su afán de fabricar culpables, es muy selectivo en estereotipos pues le ha funcionado presentar como ‘culpables’ a dos personas de escasos recursos, pocos estudios, que prácticamente no pueden defenderse, y pertenecientes a un grupo estructuralmente en desventaja como la población afromexicana”, asentó.

Nueve años de injusticia

De este modo, observó que los afromexicanos están por cumplir nueve años privados de su libertad y sin estar sentenciados, a pesar de la existencia de diversas pruebas sobre su inocencia.

Además, Hernández Rivera destacó que ningún funcionario implicado ha sido castigado por las omisiones, los actos de tortura y la fabricación de pruebas para supuestamente resolver el caso.

“Este caso de injusticia hacia Honorio y Margarito refleja la descomposición estructural y sistemática de la justicia en el estado, donde servidores públicos de la ahora Fiscalía General y del Poder Judicial, como jueces, agentes del Ministerio Público, peritos y elementos de la Agencia Estatal de Investigación, señalados directamente por ejercer o tolerar actos de tortura y otras violaciones a los derechos humanos, siguen en el pleno ejercicio de sus funciones, solapados y coludidos por quienes mueven los hilos de la injusticia”, terminó.