Opacidad y corrupción en las entidades del país, riesgo latente a 100 días de la pandemia

Advierte Trasparancia Mexicana y Tojil
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Al día de hoy, 22 gobiernos estatales y el gobierno federal publican información sobre programas y acciones en el marco de la emergencia.

A 100 días del inicio de las medidas de distanciamiento social por COVID-19, persisten los riesgos de corrupción y opacidad en las entidades federativas, a pesar de los esfuerzos de organizaciones civiles y gubernamentales, señalaron Transparencia Mexicana y Tojil (TPT).

Destacaron que es inaceptable que en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán no se puedan consultar las contrataciones realizadas en un contexto de emergencia detallando como mínimo el bien o servicio contratado, el monto, la razón social y RFC del proveedor.

“A cuatro meses de que se registrara el primer contagio de COVID-19 en México, 21 estados del país no transparentan las contrataciones realizadas en el marco de la emergencia sanitaria”.

Añadieron que aunque con diferentes niveles de información y de apertura de datos entre los 11 estados que sí publican, se han ejercido 4 mil 583 millones 265 mil 68 de pesos en contrataciones por COVID-19.

Además manifestaron que a nivel nacional no hay homogeneidad sobre la información publicada en los micrositios estatales. 10 estados -Baja California, Campeche, Chiapas, Durango, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz- no publican información sobre planes, programas o acciones para enfrentar la emergencia sanitaria y sus efectos. Los diferentes niveles de información en micrositios oficiales limitan el derecho a saber de las personas.

Subrayaron que no se cuenta aún con información detallada que permita la rendición de cuentas sobre las acciones emprendidas a partir de la pandemia.

Falta de transparencia 

Al día de hoy, 22 gobiernos estatales y el gobierno federal publican información sobre programas y acciones en el marco de la emergencia, aunque no en todos los casos publican reglas de operación, el presupuesto asignado y su avance.

Afirmaron que los créditos a empresas y productores no son transparentes en la mayor parte del país, toda vez que han identificado que sólo en nueve estados es posible estimar los recursos financieros totales que se entregarán en forma de créditos.

En conjunto, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Puebla, Sonora y Zacatecas otorgarán más de tres mil 13 millones de pesos en créditos.

También citaron que sólo Guanajuato y Jalisco publican los montos de deuda -en conjunto por más de 11 mil millones de pesos- que han contratado con motivo de la crisis. Los estados y la Federación han sido omisos en la publicación de montos de deuda en sus micrositios oficiales de COVID-19.

Aseguraron que en la emergencia, los órganos legislativos no han usado su facultad de fiscalización a los poderes ejecutivos en términos de seguimiento al uso de recursos para atender la emergencia y mitigar sus efectos.