Separan a niño de sus padres por contingencia, pero promueven amparo

Ordenaron el libre tránsito para la familia

Magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Decimotercer circuito otorgaron la protección de la justicia federal a una pareja que por las medidas sanitarias tomadas en la agencia municipal de Concepción Las Mesas, Mesones Hidalgo, Putla de Guerrero la habían separado de su pequeño hijo al no permitirle el ingreso a su comunidad y con ello evitar el contagio de la pandemia COVID-19 y ordenaron a las autoridades el libre tránsito para los quejosos.

La pareja formada por María Elena L. S.  y José Luis S.  V,, salieron de su comunidad para acudir a trabajar, pero el 18 de abril, en asamblea comunitaria, se tomó la determinación de no permitir a ninguna persona ingresar a la comunidad para evitar la propagación del coronavirus.

Por ello, los afectados, acudieron a buscar ayuda y el abogado litigante, Gerardo Francisco López Thomas, apoyó a la humilde familia para presentar un amparo en contra del agente municipal de Concepción las Mesas, el síndico de la cabecera municipal, Mesones Hidalgo, con la finalidad de facilitar el libre tránsito, con todas las medidas sanitarias.

Los afectados mencionaron que la asamblea fue celebrada cuando ellos estaban trabajando fuera de la comunidad y al regresar les negaron el acceso y fueron amenazados que si ingresaban a la comunidad, los iban a detener y llevar a la cárcel municipal.

Los quejosos promovieron amparo en contra de dichas determinaciones, pues se les impedía el libre tránsito a su domicilio donde se encontraba su menor hijo, solicitando suspensión de plano del acto reclamado a efecto de que se le permitiera acceder a su comunidad, salir sin requerir permiso de la autoridad y no ser detenidos al acceder a la población.

El Juzgado Décimo de Distrito que conoció el amparo indirecto, negó la suspensión del acto reclamado, toda vez que, a su consideración, las autoridades responsables de la Población de Concepción Las Mesas, Mesones Hidalgo, Putla de Guerrero Oaxaca, habían actuado protegiendo el interés social de los pobladores para evitar la propagación de la epidemia COVID-19.

Ante esta negativa de suspensión, el abogado, Gerardo Francisco López García, autorizado de los quejosos, promovió recurso de queja, el cual fue turnado al Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Décimotercer circuito en turno, alegando que no existe justificación para negar la medida cautelar, ya que las autoridades de la citada comunidad no estaban facultadas Constitucionalmente para restringir o suspender el ejercicio de los Derechos Humanos de los quejosos.

Expuso a los jueces que dicha asamblea era una restricción al derecho de tránsito de la parte quejosa, con limitaciones directas a otros derechos como el de su menor hijo a no ser separado de sus progenitores, y que estos lo cuiden y vean por la satisfacción de sus necesidades.

El litigante también recalcó que ante la actual situación de emergencia nacional y de los diversos acuerdos decretados por el Consejo de Salubridad General y sobre las medidas preventivas que se deben implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-Cov2 (COVID-19), en ninguno de ellos existe una permisión para la restricción de Derechos Humanos, porque incluso el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender a la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-Cov2 emitido por la Secretaría de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo del 2020  se estableció que todas las medidas establecidas deberán aplicarse con estricto respeto a los derechos humanos de las personas.

López García aclaró, que si bien es cierto cada autoridad tiene la capacidad legal para implementar medidas sanitarias que estime convenientes para evitar la propagación del virus COVID-19, lo cierto es que esta capacidad tiene una limitante constitucional, en la cual no puede invadir esferas competenciales para la restricción de Derechos Humanos de las personas, entre ellos el libre tránsito y ver a su menor hijo.

Ayer, 5 de mayo de 2020, el Tribunal Colegiado dentro de las 48 horas de recibida la queja, determinó que como lo manifestó el abogado, no existe afectación al interés social, porque se advierte que al implementar medidas sanitarias  para tratar de mitigar la propagación del virus COVID-19 se deben de respetar los Derechos Humanos de las Personas, el derecho a libre tránsito y el derecho del menor a no estar separado y cuidado de sus progenitores.

Por ello, se les concedió la suspensión a los quejosos a efecto de que puedan entrar y salir de la comunidad de Concepción Las Mesas, Mesones Hidalgo, Putla de Guerrero, Oaxaca, en el entendido que los quejosos deberán cumplir con el resguardo domiciliario corresponsable, el que se entiende como la limitación voluntaria de movilidad, perteneciendo en el domicilio particular o sitio distinto al espacio público, el mayor tiempo posible.

Dicha resolución, también hace ver a las autoridades de Concepción Las Mesas, Mesones Hidalgo que, en caso de incumplir con lo ordenado por el Tribunal Colegiado, puede traer como consecuencias la comisión del delito que ameritan prisión de tres a nueve años y se dará vista al Ministerio Público de la Federación.