Trabajadores informales, a la deriva por contingencia

Mario Jiménez Mario Jiménez

La economía de Oaxaca es la más vulnerable de país ante las medidas restrictivas por el COVID-19 toda vez que el 80.5 por ciento de su población ocupada es informal (ocho de cada diez trabajadores), es decir, sin un ingreso seguro y sin acceso a la seguridad social.

Este porcentaje representa un millón 486 mil 136 personas que laboran en micronegocios y sectores de subsistencia.

Las medidas de prevención ante la pandemia, como prohibir la alta concentración de personas y la campaña Quédate en casa, si bien tienen el propósito de cuidar la salud de las personas, también provocan merma en los ingresos de los hogares, sobre todo de quienes laboran en micronegocios.

Además, en promedio la contribución del trabajo informal al Producto Interno Bruto (PIB) de la entidad se sitúa entre el 35 y 38 por ciento, e incluye a trabajadores domésticos, los trabajadores de la agricultura, comerciantes o cualquier empleado que no esté protegido en términos laborales.

Los comerciantes minoristas son los trabajadores que más aportan a la economía informal y otros sectores que contribuyen a la economía no formal son los de la construcción, las industrias manufactureras, las actividades agropecuarias, y los servicios turísticos.

Oaxaca, entre los más vulnerables 

Según el reporte más reciente de información laboral en el país elaborado por la Secretaría del Trabajo, la tasa de informalidad al cierre de 2019 fue de 56.2 por ciento, o sea, 29.7 millones de personas tienen mayor vulnerabilidad ante posibles paros por la pandemia.

Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Chiapas, Puebla, Tlaxcala y Michoacán son los estados más vulnerables, ya que sobrepasan 70 por ciento de trabajadores en la informalidad, lo cual suma 5.7 millones de personas y sus respectivas familias, sin contar quienes laboran por cuenta propia.

Oaxaca, incluso, supera 80 por ciento, y Guerrero se encuentra cerca de dicho porcentaje.

Las altas tasas de informalidad representan un problema mayúsculo, pues no sólo tienen implicaciones negativas en la recaudación fiscal, sino que también tienen efectos negativos en cuanto al desarrollo profesional y personal de los trabajadores, además de eventuales limitantes al desarrollo económico estatal.

Sin embargo a los trabajadores formales tampoco les va nada bien, ya que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en su actualización del segundo trimestre de 2019, estima que la población total del estado es de 4 millones 104 mil 125 habitantes de los cuales el 47 por ciento señala son hombres y el 53 por ciento son mujeres.

De este total el 72.48 por ciento corresponde a la Población en Edad de Trabajar (PET); de modo que el 61.54 por ciento corresponde a la Población Económicamente Activa (PEA), es decir 1 millón 830 mil 507 habitantes, y el 38.46 por ciento a la Población Económicamente Inactiva (PEI), es decir 1 millón 144 mil 158 personas.

El problema es que en su distribución por nivel de ingresos, el 21.06 por ciento pertenece a la población que no percibe un salario.