Pendiente combate a corrupción en elecciones en México 

Entre los pendientes de los sistema de combate a la corrupción nacional y estatales está controlar el financiamiento público a los partidos políticos y de las campañas electorales, donde existe lavado de dinero y utilización de recursos de procedencia ilícita, dijo la presidenta de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Laura Rojas Hernández.

Al participar en el foro "El combate a la corrupción en México: retos, avances y pendientes", señaló que no se trata sólo de revisar el financiamiento a institutos políticos, sino el dinero que financia las campañas de los candidatos.

Destacó que si bien existe un tope de campaña, “la verdad es que siempre se rebasa; las campañas políticas en México son carísimas, todos los que hemos sido candidatos de mayoría relativa lo sabemos, es muy difícil ganar una elección si no tienes dinero y ¿de dónde viene el dinero? O de los ahorros, que es muy difícil, o de empresarios, que están bien pero que se haga público porque muchas veces hay compromisos preestablecidos con el (candidato) que gana o, en el peor de los casos, es de procedencia ilícita”.

Dijo que el tema del financiamiento de las campañas tiene que ser transparente, abierto y legal.

Aseveró que es necesario acabar con el trato preferencial para garantizar que la prestación de servicios y distribución de los recursos públicos no respondan a conexiones personales o estén sesgados hacia determinados grupos de interés.

Además de fortalecer la integridad electoral, así como prohibir y sancionar las campañas engañosas, empoderar a la ciudadanía, y cómo proteger a los activistas, informantes y periodistas.

Comentó que en la reforma legal anterior en materia de combate a la corrupción no se reguló el tema de la protección de informantes. 

Expresó que se requiere reforzar los sistemas de control y promover la separación de poderes.

Añadió que es necesario fortalecer los mecanismos institucionales para la coherencia y cooperación eficaz, “mejorar aún más los mecanismos de cooperación entre las distintas instituciones que tienen que ver con el tema, fomentar una cultura de integridad en el sector público y de manera más amplia en la sociedad; además de fortalecer las líneas de defensa del sector público contra la corrupción y hacer cumplir el marco de integridad para efectos de disuasión y de mayor confianza en el gobierno”.