Comuneros del Istmo acusan simulación en consulta para eólica

"Pretenden cercenar nuestras voces", acusan

Comuneros de Unión Hidalgo denunciaron que la consulta para la instalación del parque eólico Gunaa Sicarú violenta sus derechos humanos y quebranta la resolución del Juzgado Primero de Distrito en el Estado.

“Es una total simulación”, afirmó el vocero Norberto Altamirano Zárate.

Sostuvo que el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) y la Evaluación de Impacto Social (EVIS) fueron presentados en “fast track” por la Secretaría de Energía (SE) el miércoles y jueves pasados en esa municipalidad, y sin utilizar el lenguaje adecuado para la comprensión de los habitantes.

“Se olvidaron que se trata de una comunidad indígena y que no debieron usar un lenguaje técnico y científico”, asentó.

Observó que la información de los dos documentos debió ser segmentada para revisarse y procesarse por la trascendencia del proyecto y por el gran número de páginas.

“Pareciera que la presentación en tiempo récord es para evitar cuestionamientos”, anotó.

Subrayó que el proceso de consulta violenta por enésima ocasión sus derechos humanos y la resolución del Juzgado Primero de Distrito en el Estado donde ordena el desarrollo de una consulta informada y libre, para aprobar o rechazar la construcción del parque eólico Gunna Sicarú, promovido por filiales mexicanas de la compañía multinacional Electricité de France (EDF).

“Pretenden cercenar nuestras voces y nuestras inconformidades”, anotó.

Resaltó que la empresa francesa ha contado con el respaldo de los gobiernos federal, estatal y municipal para allanar su camino y vulnerar el Convenio 169 de la OIT, a través de la corrupción y opacidad.

“Concesiones, permisos y contratos anticipados, apartado de tierras, estaciones meteorológicas instaladas, MIA y EVIS, sin el conocimiento de la comunidad, son algunas de las vejaciones”, apuntó.

Ante esto, demandó la cancelación definitiva de la consulta, ante la prisa del proceso, las irregularidades y el silencio de las instituciones garantes, así como por vejaciones y amenazas contra defensores de los derechos humanos.