Indagan 3 casos de corrupción en Salina Cruz

La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción trabaja para judicializar los casos de corrupción que se han presentado en Salina Cruz, por irregularidades en el manejo de los recursos públicos, pagos simulados a personas incluidas en nóminas, pero que ya no laboran en la municipalidad y anomalías en contratos de obra pública.

El fiscal Anticorrupción, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, señaló que la dependencia tiene actualmente 3 investigaciones en curso relacionadas entre sí.

Dijo que en este momento se realizan las investigaciones correspondientes, por un lado, para establecer cuáles fueron los contratos u obras que generaron irregularidades y, también, las acciones de funcionarios municipales que generaron un desvío de recursos públicos.

“Estamos recolectando datos con solicitudes de información ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para obtener información de las transferencias y a partir de ahí definir la cuantificación, si es el caso, del posible daño al erario municipal”, dijo.

Añadió que derivado también de la información obtenida buscan determinar, vía un dictamen en materia de auditoría forense y contable, las irregularidades y el monto desviado. “Ha habido aportación de mucha información y me parece que en próximas fechas podríamos determinar si efectivamente se cometió una irregularidad o desvío de recursos para hacer las imputaciones correspondientes ante un juez de control”.

-¿Hay un monto del presunto desvío de recursos?

-Es difícil de establecer, no solo porque son diversos eventos los que se investigan en estos tres casos, sino también porque estamos a la espera de la cuatificación oficial a partir de la información que nos manden las autoridades federales. 

-¿Qué tiempo habrá de transcurrir para que quienes son imputados de estos delitos estén frente a un juez?

-Estamos nada más a la espera de recibir la documentación federal relacionada con información fiscal, bancaria y financiera; luego hay que cruzarla con los dictámenes que se están realizando y una vez hecho esto podríamos estar en condiciones de, por una parte, establecer en concreto cuál es el delito, de qué obras y acciones irregulares, pero además de deslindar las responsabilidades para ver a qué funcionarios públicos municipales les es alcanzable la responsabilidad en materia penal; hecho esto se procedería a pedir las imputaciones ante un juez de control.

-¿Qué tiene podría tardar esto?

-Bueno, las investigaciones avanzan hacia poder establecer si es que existen o no irregularidades y si el hecho que se investiga es relevante en el ámbito penal; hay irregularidades y queremos realmente sustentarlo de manera oficial y técnica, por lo que muy posiblemente en próximas fechas podríamos poder acceder a una petición ante un juez de control para llevarlo al nivel de proceso penal.

Iruegas Álvarez subrayó que la investigación inició no hace mucho tiempo y entiende la frustración que a veces provoca no llevar estos casos ante el juez penal, “pero lo importante no solo es llevarlo con el juez, sino tener los elementos para que pase ese filtro y llegue a un juicio donde se emita una sentencia condenatoria; hay situaciones que no dependen de la velocidad que pueda brindar la propia fiscalía anticorrupción, como es el caso de la información que se espera de las autoridades federales, porque los tiempos son de ellos y no de nosotros. Aunque lo importante no es detener a una persona, sino llegar a un juicio y que se le condene y que se recupere el recurso desvíado”.

-¿Existen elementos para iniciar un acción penal en este caso?

-Claro y los delitos que se pudieran configurar puede ser un posible ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, cohecho, peculado y eventualmente, tomando en cuenta a los funcionarios que intervinieron, un posible delito de coalición. 

-¿Y quiénes podrían tener responsabilidades?

-No solo en este caso en concreto, sino en un plano general son todos aquellos que intervienen en la aprobación, ejecución, manejo y administración del recursos público, desde la cabeza pasando por quienes dentro del Cabildo intervienen en las autorizaciones de índole patrimonial y cualquier funcionario que interviene de manera administrativa en la autorización, aprobación y supervisión de los recursos, porque muchas veces lo que sucede es que se otorga algo a sabiendas de que no se va a realizar y también el que va a supervisar que se lleve a cabo no hace la parte que le toca previo acuerdo de los demás funcionarios y esto genera el desvío del recurso público.