Juez federal resuelve a favor de los indígenas desplazados de Zinacantán

Carlos Díaz VázquezCarlos Díaz Vázquez

Resolvió para que el Gobierno del Estado otorgue asistencia humanitaria a 16 tzotziles que desde diciembre de 2015 fueron desplazados.

El Poder Judicial de la Federación, a través del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Orales,  resolvió para que el Gobierno del Estado otorgue  asistencia humanitaria a  16 tzotziles que desde  diciembre de 2015 fueron desplazados de la comunidad  Shulvó del municipio de Zinacantán.

En conferencia de prensa, abogados del Centro de Derechos Humanos Ku'Untik y representantes de los desplazados destacaron que dicha asistencia humanitaria abarca alimentación, salud, educación, cobijo  y vestido adecuado.

“Es el Segundo caso a Nivel federal y el primero  en Chiapas que un juez federal otorga el reconocimiento de desplazamiento forzado y que se le solicita al gobierno del estado la atención a quienes padecen esa situación  en tanto se dan las condiciones de su retorno” mencionó, Diego Cadenas director de ese Centro de Derechos Humanos.

Refirió que a partir de la resolución, que fue el 29 de noviembre, el gobierno deberá cumplir con esa obligación, además que les debe garantizar alojamiento básico y vivienda digna para que pueda alojarse en tanto se puedan dar las condiciones para que regresen a sus comunidad.

“Para que el Gobierno pueda cumplir con esas condiciones podrá optar por el acondicionamiento y puesta a disposición, a cargo del erario público, de una casa habitación en buen estado con disponibilidad de servicios básicos” según la sentencia.

De acuerdo a la abogada  Jazmín Pinto Ruiz, existe el oficio SGG/UAA/1844/2019 que la Unidad de Apoyo Administrativo de la Secretaría General de Gobierno envió al  Secretario de Hacienda del Estado  en él solicita  recursos por la cantidad de 18 mil pesos  para beneficiar a las familias desplazadas de Shulvó.

El recurso sería utilizado, mencionó, para el pago de la renta de sus viviendas  en el lapso de octubre a diciembre de 2019 sin embargo es una gestión que la audiencia constitucional no se fue concretada.

Con la resolución a favor de dicho amparo, explicó la abogada, los 16 indígenas que fueron desplazados forzosamente por grupos paramilitares tendrán la atención a la que el gobierno ha sido obligado otorgar.

Desde hace dos años, este grupo de  indígenas  junto con otros originarios del ejido Puebla, Chenalhó, fueron enviados a  vivir a una bodega abandonada de esta ciudad, pese a que  existía el compromiso de hacerles llegar alimentos y medicinas a través del Sistema Estatal de  Protección Civil, estas entregas han sido esporádicas.

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