Oaxaca, peligrosa para activismo ambiental

Mujeres, más vulnerables

Las amenazas y la quema de la casa de Irma Galindo Barrios, ambientalista mixteca, confirman a Oaxaca como uno de los tres lugares más peligrosos de México para el activismo ambiental, la defensa de la tierra y el territorio.

El informe más reciente sobre la Situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales, elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA),  que abarca del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, identificó 49 casos de ataques a personas defensoras de los derechos de la tierra, el territorio y el medio ambiente.

De estos 21 fueron asesinatos de personas defensoras del medio ambiente en diversas partes del país. El mayor número de ataques ocurrió en Puebla, con 8 casos, seguido de  Oaxaca y Chihuahua, cada uno con 6 casos.

“Oaxaca continúa siendo un estado peligroso para las personas defensoras ambientales, puesto que éstas siguen siendo víctimas de agresiones constantes, sobre todo en el contexto del desarrollo de proyectos energéticos, sin el respeto a los derechos humanos de las comunidades locales”, señala el informe.

Tzinia Carranza, presidenta del Comité Técnico de Cambio Climático, señaló que debido a la participación activa de las mujeres en la defensa de sus recursos naturales, son quienes se vuelven principal blanco de ataque de empresas que persiguen intereses económicos y de autoridades que las protegen en busca de beneficios personales.

“Oaxaca ha sido un estado con una participación activa de las mujeres. Ellas han salido a defender el agua, se han opuesto a la minería, en contra de los megaproyectos, en contra de la tala de los bosques y especies. Esas mujeres están siendo aún más violentada por esta actividad aunado a que la violencia contra las mujeres es brutal", dijo.

El informe de la RNDDH señala que, de 2010 a marzo de 2019, 51 defensoras de derechos humanos, entre los que se engloban a 13 periodistas, fueron asesinadas por su labor. La mayoría, 25 crímenes, datan de la gestión de Enrique Peña Nieto.

De lo documentado se desprende que durante el 2018 fueron cometidos 3 asesinatos, en estos se contabilizan el de Guadalupe Campanur, activista ambiental en Michoacán, Pamela Montenegro, youtuber guerrerense dedicada a la crítica de la clase política, y Guadalupe Hernández, defensora de los derechos de la comunidad LGBTTI en Guanajuato.

A ellos se sumaron dos intentos de asesinatos, 10 detenciones arbitrarias contra 35 defensoras y 3 casos de criminalización.