Procesan a ex delegado en Chiapas por Estafa

ReformaReforma

LOS MÁS DE 28 MILLONES DE PESOS solicitados por el ex delegado de la extinta Sedesol en Chiapas, Saúl Orduña Morga, fueron depositados en cinco cuentas bancarias a nombre de la Unach.

Tapachula.- El ex delegado de la extinta Sedesol en Chiapas, Saúl Orduña Morga, fue vinculado a proceso por el probable delito de ejercicio indebido de funciones y facultades como parte de las pesquisas de la Estafa Maestra.

Mientras que el juez Silvino Arturo López Hernández determinó no vincular a proceso al subdelegado de la misma dependencia, Rodolfo Molina Monterrosa, señalado en la misma causa penal 95/2019.

Tras una audiencia de tres horas, el juez resolvió que existían indicios de prueba suficientes y razonables para que el priista enfrente las acusaciones en su contra por haber solicitado a la Sedesol el pago de 28 millones 721 mil 300 pesos para la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) aun cuando no tenía la comprobación del servicio prestado.

En tanto ratificó las medidas cautelares para que el indiciado acuda cada 15 días al Centro de Justicia Penal Federal y no pueda salir de Chiapas.

La Sedesol y la Unach firmaron en 2015 un acuerdo para que la universidad ayudara a la dependencia a formar comités comunitarios en el marco de la Cruzada contra el Hambre y a través de esos órganos se identificaran prioridades de demarcaciones en pobreza.

Pero de acuerdo a las acusaciones e investigaciones del Ministerio Público Federal y la Auditoría Superior de la Federación, la Unach no creó los comités comunitarios ni les brindó asesoría para identificar las necesidades locales pero sí recibió el pago.

Los más de 28 millones de pesos solicitados por Orduña Morga fueron depositados en cinco cuentas bancarias a nombre de la Unach.

Además, las supuestas pruebas del ejercicio de ese recurso fueron entregados seis meses después de la solicitud de pago, pero al ser revisadas por la autoridad se identificó que la mayoría correspondía a ejercicios de 2013 y 2014, y no al año 2015 que fue cuando se firmó el convenio de colaboración.

En tanto a Molina Monterrosa se le señalaba por un monto de 24 millones 380 mil 960 pesos, pero el juez apuntó que el MPF no dio los argumentos ni pruebas necesarias.

VINCULA JUEZ A TRES LIGADOS A 'ESTAFA'

Una juez federal vinculó anoche a proceso a dos ex colaboradores de Rosario Robles en la Sedesol y un ex funcionario universitario, por presuntamente haber contratado ilegalmente el monitoreo y mejora de los comedores comunitarios de zonas marginadas del Estado de México, por una suma de 400 millones de pesos.

En este nuevo expediente judicial de la Estafa Maestra, Beatriz Moguel Ancheyta, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, determinó que existen los datos mínimos suficientes para procesar por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades a los ex funcionarios.

Los procesados son Martha Lidia Montoya Santos, ex directora de Recursos Financieros y José Israel Torres Gutiérrez, director general de Desarrollo Comunitario, ambos de Sedesol; y José Roberto Aguilar Fuentes, abogado general de la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH).

"Yo estimo que los datos de prueba son aptos y suficientes para vincular a proceso", dijo Moguel Ancheyta, en una audiencia de 13 horas de duración.

El convenio marco señalado como indebido es el suscrito el 3 de abril de 2015 entre la Sedesol y la UPCH para la supervisión, monitoreo y mejora de los comedores comunitarios del Estado de México, en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

De dicho documento, derivaron dos contratos específicos, fechados el 14 de abril y 6 de mayo del mismo año, por los cuales la Sedesol depositó 200 millones de pesos por cada uno de ellos, el 29 de octubre siguiente.

La Fiscalía General de la República (FGR) argumentó que lo indebido radica en que la Sedesol no verificó que la UPCH tuviera la capacidad técnica, material y humana para cumplir con este contrato, mismo que adjudicó sin licitación de por medio.

Los servicios fueron contratados mediante adjudicación directa, sin realizarse un estudio de mercado, omisión que privó al Estado mexicano de tener acceso a mejores precios, calidad y financiamiento, según la FGR.

Los fiscales federales señalaron en la audiencia que la capacidad de la UPCH para brindar los servicios era tan inexistente, a grado tal que el 15 de abril y 8 de mayo de 2015 -uno y dos días después de firmar los contratos específicos con la Sedesol-, subcontrató a Productos Serel, una de más empresas de Grupo Cosmos, el gigante de la distribución de alimentos que dirige Jack Landsmanas Stern.

Otra de las presuntas anomalías es que el 29 de octubre de 2015 la Sedesol, por conducto de Martha Lidia Montoya Santos, ex directora de Recursos Financieros, hizo el pago a la universidad varios días antes de que se lo requirieran oficialmente y de que le entregaran todos los documentos que justificaban la transferencia bancaria.

La defensa de los procesados, encabezada por los abogados Rodolfo de la Guardia, Francisco Áureo Acevedo y Diego Madrazo Labardini, cuestionaron los números de la FGR.

Sin embargo, la juez al final consideró que de momento debe abrirse un proceso a los imputados y continuar con una investigación complementaria, bajo control judicial, no obstante los delitos no son graves y no ameritan prisión oficiosa.

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