Pide abogado reformar el Código Penal del Estado

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En el caso de Las Margaritas existen actores intelectuales, autores materiales y partícipes, pero lo más lamentable es que todos actuaron de forma premeditada, con alevosía y ventaja.

En Chiapas es necesario que se realicen reformas al Código Penal para que casos como el registrado en el Municipio de Las Margaritas, donde el alcalde fue sacado de la presidencia amarrado y posteriormente lo arrastraron no se sancionen  bajo la figura de un delito menor como ultraje a la moral.

Jesús Ruiz Gómez, abogado constitucionalista destacó que este tipo de acciones tiene que ser sancionado con prisión preventiva y seguirlo de oficio pues de otra manera los casos podrían seguirse registrando.

Para ello, dijo, se requiere que los legisladores reformen el Artículo 398 puesto que actualmente el delito tipificado como ultraje a la moral  recibe una sanción muy baja que va   de tres días a tres meses de prisión.

“Es importante que se establezca el respeto a las instituciones, porque no se justifica la forma en que el Alcalde de las Margaritas fue  ultrajado en sus oficinas, sustraído y posteriormente lo arrastraron atentando contra su vida”.

De acuerdo a las leyes, apuntó, nadie puede hacerse justicia por propias manos  por muy fuerte o grande que sea el conflicto social por ello es que se requiere de sanciones más severas para quienes cometan este tipo de delitos que atenten contra la integridad de las personas.

En Chiapas, refirió, se ha vuelto común los bloqueos, las retenciones de funcionarios y las tomas de alcaldías; a través de esas presiones buscan ser atendidos, llegando al límite de exigir dinero.

Los legisladores, mencionó, deben vigilar y generar reformas al código penal para que no se siga cometiendo este tipo de delitos.

En el caso de Las Margaritas, apuntó, existen actores intelectuales, autores  materiales y partícipes, pero lo más lamentable es que todos actuaron de forma premeditada, con alevosía y ventaja. A todos ellos se les  tiene que investigar  y ejercer la justicia.

El  gobierno está obligado a entablar  y agotar el diálogo cuando existe un problema social, sin embargo tiene que hacer valer los derechos cuando no existe disposición de la contraparte, la cual a través del chantaje y exigencia de dinero, busca resolver sus exigencias.

“Por eso es necesario el peso de la ley y la aplicación del estado de derecho para que podamos vivir en paz como ciudadanos”, añadió el abogado constitucionalista.

DECLARACIONES IRRESPONSABLES

PUEDEN GENERAR MAYOR DIVISIÓN

Por otra parte, legisladores que desconozcan el contexto de la problemática del municipio de Bochil deben abstenerse de emitir comentarios o declaraciones sobre el tema, pidió  la diputada local Adriana Pavón Aguilar.

Mencionó que emitir comentarios sin saber los avances de la mesa de diálogo podría generar  mayor división, descontento entre la población  e incluso más inestabilidad social en ese municipio”, refirió.

Algunos legisladores, destacó la legisladora,  no comprenden lo que realmente pasa en el municipio de Bochil y con sus declaraciones  tergiversan la realidad y además que es la población la que lo exige que no emitan declaraciones.

“Los pobladores han solicitado que los legisladores que no representan a ese distrito no entrometerse en el tema”, precisó.

Pavón Aguilar, mencionó que el alcalde Gildardo Zenteno Moreno ya  está atendiendo en el municipio, “si anteriormente no lo hacía  fue  por su seguridad pero con la llegada de la Guardia Nacional se respira un ambiente de tranquilidad.

“El hecho de que ellos estén ahí es síntoma de que habrá paz, las mesas de diálogo benefician a la estabilidad del municipio pero cuando se emiten opiniones sin conocer el contexto  lejos de ayudar,  genera confrontaciones”, apuntó.

Sobre los sucedido el 26 de septiembre en esa cabecera donde un grupo de personas agredió  a un destacamento  de la Guardia Nacional y falleció un elemento dijo que es un hecho lamentable que no se puede repetir.

“No queremos que Bochil sea noticia nacional por la inseguridad sino por el trabajo de paz que se está realizando”, señaló.

Es la propia Fiscalía la que realiza las investigaciones correspondientes sobre el caso mientras que desde la mesa de diálogo se procura que en ese municipio se restablezca el orden y con la presencia de la Guardia Nacional se está logrando.

“Población quiere que los elementos continúen en ese sitio, incluso se organizan para atenderlos con alimentos y otro tipo de apoyo; se está pidiendo que se establezcan de manera permanente en esa zona”, puntualizó Pavón Aguilar.

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