Oaxaca atora el aborto legal

Mario Jiménez LeyvaMario Jiménez Leyva

El aborto es un derecho sexual y reproductivo, señalan organizaciones feministas

En los últimos ocho meses del año, al menos 200 niñas, adolescentes y mujeres en Oaxaca, principalmente de comunidades rurales e indígenas, vieron transgredido su derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en casos permitidos por el Código Penal, señaló Rosa Bertha Simón Sánchez, consejera consultiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Aquél número se desprende de los acompañamientos realizados por organizaciones como la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (REDDdser), Católicas por el Derecho a Decidir, IXMUCANE, Grupo de Información en reproducción Elegida (GIRE) y activistas de manera independiente, a mujeres a quienes personal médico y ministerios públicos obstaculizaron el acceso al aborto legal.

“Contabilizamos más de 200 casos de acompañamiento de mujeres de distintas regiones del estado, y podemos decir que hay más casos que ni siquiera se conocen”, indicó.

Simón Sánchez, precisó que la obstaculización se da en distintos momentos desde la negativa en los ministerios públicos a tomar la denuncia por violación o en los centros de salud a brindar la profilaxis farmacológica o anticoncepción de emergencia ante una violación.

Fernanda, tenía 17 años, fue violada y le negaron el aborto

El informe Violencia Sin Interrupción, realizado por GIRE a partir de los casos de acompañamiento brindado, da cuenta de la violación a derecho en contra de Fernanda, una adolescente de 17 años de edad a quien le negaron el aborto por violación en Oaxaca durante el 2016.

En un primer momento Fernanda se presentó en el Hospital Civil de Oaxaca solicitando la interrupción legal del embarazo. La ginecóloga que la atendió le dijo que el aborto era un delito y la remitió con una abogada para que interpusiera una denuncia penal.

Al acudir a la Fiscalía de Derechos Sexuales a presentar la denuncia, fue revictimizada por personal de la fiscalía quien no dio credibilidad a la palabra de la denunciante.

“El 12 de octubre de 2016, con seis semanas de gestación, Fernanda presentó una solicitud de interrupción del embarazo ante los servicios de salud de Oaxaca, de la cual no se obtuvo una respuesta; solo le entregaron un acuse de recibido porque el hospital estaba en huelga, y sólo atendían emergencias”, relata el informe.

Evitar aborto, posible hecho de tortura

“En respuesta, Fernanda, acompañada por GIRE, presentó una demanda de amparo por la violación a su derecho a la integridad física, así como los tratos crueles, e inhumanos equiparables a tortura a los que fue sometida por la negación del servicio, así como la de ciente conducción de la política pública en materia de salud en el estado, que no asegura la prestación de servicios médicos de emergencia en casos de huelga de trabajadores de la Secretaría de Salud”.

“La Jueza Federal a cargo del juicio de amparo citó a Fernanda y ahí le preguntó sobre su embarazo, que había tenido que interrumpir en la Ciudad de México. Al enterarse de que había sido interrumpido, determinó cerrar el expediente por considerar que ya no había nada que estudiar. GIRE la acompañó para interponer, entonces, un recurso de revisión”.

“El Tribunal Colegiado a cargo de resolver el recurso solicitó que la SCJN atraiga el caso. Esta petición fue aceptada por la Corte. Al cierre de este informe, Fernanda espera que una resolución”, precisa el informe.

Mujeres indígenas, las más desprotegidas

La criminalización del aborto establecida en el Código Penal de Oaxaca golpea principalmente a las mujeres de comunidades indígenas y rurales aún en aquellas circunstancias previstas para el aborto legal, señaló Rosa Simón.

“Son ellas las que viven principalmente las consecuencias de la penalización del aborto porque primero no tienen acceso a traductores que les permita el acceso a la ILE (Interrupción Legal del Embarazo), entonces lo que hacen es regresarlas a los lugares en donde son víctimas de violencia para que tengan a sus hijos e hijas, y este círculo se repite con ellos”, manifestó.

Otro caso documentado por GIRE que refleja lo que viven las mujeres y niñas de comunidades indígenas, es del Mónica, una niña mazateca, entonces (2012) de 12 años de edad quien sólo hablaba su lengua materna.

“Al denunciar la violación ante el Ministerio Puìblico, solicitó la interrupcioìn de su embarazo de conformidad con la legislación penal local. GIRE la acompañó otorgando asesoría jurídica al Ministerio Público acerca de su obligacioìn de garantizar sus derechos reproductivos, promover y asegurar el acompanÞamiento durante el procedimiento médico, asiì como su realizacioìn por personal capacitado”.

“A pesar de que el Ministerio Puìblico otorgoì la autorizacioìn, Moìnica se enfrentoì a diversas barreras durante el proceso, tales como la falta de recursos para trasladarse al hospital donde se realizariìa el procedimiento, asiì como un lugar donde hospedarse en la ciudad de Oaxaca donde se encontraba el hospital. Además, no contó con intérpretes durante el proceso penal ni al inicio, durante y después de la interrupción de su embarazo, lo cual representa una violación, entre otros, a su derecho a la no discriminación”.

Despenalizar para garantizar derechos

En el marco de la iniciativa de reforma constitucional que abre la puerta a la despenalización del aborto, lista en el Congreso de Oaxaca, Mayra Morales Aldaz, integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (REDDdser), hizo un llamado a legisladores para que aprueben el dictamen privilegiando los derechos de las mujeres y el establecimiento de condiciones de igualdad en relación a los que poseen en la Ciudad de México, lugar que brinda certeza de poder interrumpir un embarazo sin riesgo de perder la vida y sin que la decisión de las mujeres sea juzgada o condicionada.

La activista, consideró fundamental la modificación debido a las condiciones que prevalecen en Oaxaca como uno de los estados más marginados, con poco acceso a los servicios de salud así como existencia de violencia obstétrica y sexual.

“Es fundamental que se garantice que se legisle en materia de estos derechos. Hablar del derecho a decidir es hablar de derechos humanos, hablar de los derechos de las mujeres y que por lo tanto estamos a favor de que se aborde y legisle en pro de esta iniciativa. Despenalizar no obliga a nadie a abortar, sin embargo, el hecho de que esté penalizado sigue criminalizando a las mujeres”, dijo.

Morales Aldaz agregó que la maternidad debe ser elegida, por tanto, una mujer que no tendría que ser obligada porque se violentan sus derechos.