Jueces chiapanecos aún imparten justicia sin perspectiva de Género

Carlos Díaz VázquezCarlos Díaz Vázquez

LA DECISIÓN DE SEPARARSE DE SUS PAREJAS -ante el temor de ser víctimas de feminicidio- lejos de ayudarlas a tener una vida tranquila, las ha llevado a experimentar una espiral más grande de violencia de la cual no ven salida.

Las historias son similares. Son casos de  mujeres que pasaron por un matrimonio violento y tortuoso, lleno de insultos, desprecios, violencia económica, psicológica,  física y una total discriminación.

La decisión de separarse de sus parejas -ante el temor de ser víctimas de feminicidio- lejos de ayudarlas a tener una vida tranquila, las ha llevado a experimentar una espiral más grande de violencia de la cual no ven salida.

Son muchas mujeres quienes pasan por esa situación por lo que  un colectivo de feministas en la cual participa Karen Diane Limón Padilla, ex candidata independiente a diputada local, decidió darle acompañamiento  a algunos casos.

En menos de un año han logrado acompañar a ocho mujeres, cuyos casos tiene  las mis mismas características: violencia machista respaldada por las instituciones impartidoras de justicia.

Figuran los casos de Asseneth Burguete Mijangos con el expediente  1183/2017, cuya ex pareja Héctor Martín Ruiz Palma no permite que su madre vea a sus hijos;  Gabriela Gamboa Salazar con el expediente 766/2013 cuya ex pareja, Paulo Arnoldo Ruiz García, pretende bajo influencias arrebatarles a sus hijos.

También le dan acompañamiento a los casos de Ana Laura Cruz Hernández con el expediente 307/2014, cuyo esposo, hermano de un exdiputado federal y empresario radiofónico ha utilizado la justicia a su lado, a Gisela Prado bajo el expediente  1050/2017 a quien su esposo, le arrebató a sus hijos sin que les permita verlos

El caso más complicado para ellas, es el de Cristina Liliana Fuentes Tovar cuya  ex pareja, Jordán Ramírez Méndez, a base de mentiras e influencias logró la custodia temporal extrayendo a sus pequeñas hijas de la casa de su ex-cónyuge. 

El encono de los ex esposos en estos casos  les han pulverizado la vida como madre y como mujer al arrebatarles a su menores hijos con el respaldo cuestionable de los impartidores de justicia; en todos los caso  a ellas se les ha negado el derecho de convivencia sin que los jueces hagan valer esa máxima que por ley les corresponde.

La activista feministas asegura que lamentablemente en esos  ocho litigios que dan seguimiento ha existido irregularidades y corrupción dentro de los juzgados, “en todos hemos documentado violencia de género,  mala administración de justicia y tráfico de influencia”

Además las madres han señalado una relación cercana entre los jueces, las juezas  y los ex esposos. En todos se ha hecho a un lado la aplicación de la justicia con verdadera  perspectiva de género.

Karen Diane señaló que estos tipos de casos es una clara señal de la corrupción que todavía se vive dentro del Poder Judicial. “Cuánto dinero tienes, es lo que vales para la justicia y más si eres hombre con poder” lamentó

ENTRE LOS CASOS MÁS REPRESENTATIVOS

Aunque en todos ha tenido que ver el tráfico de influencias, unos  sobresalen por los personajes de alto perfil en la administración pública o en la política, que están involucrados en los casos.

Para el grupo de feministas el de Cristina Liliana Fuentes Tovar es un caso  grave puesto que ha estado viciado desde que su ex pareja Jordán Ramírez Méndez, logró  a base de mentiras e influencias la custodia temporal sus hijos.

En las irregularidades y atropellos que se han cometido  en contra Cristina se han visto involucrados abogados, jueces y ministerios públicos, quienes desde hace ocho años no han podido emitir una sentencia, constituyendo una grave falta, consideró Karen Diane.

“El caso de Cristy Fuentes - así la nombran de cariño sus compañeras- es el más emblemático porque tiene más de ocho años sin sentencia y  en ese periodo no ha podido convivir con sus hijas. En este caso se señala a la jueza Graciela Castañón por actuar a favor de Jordán Ramírez Méndez, ex esposo de Cristy Fuente” mencionó.

El martirio de Cristy  refirió la activista, inició en 2011 cuando  Jordán Ramírez Méndez viajó a la ciudad de Guadalajara, lugar donde actualmente reside ella y en ese momento también sus dos pequeñas hijas.

Jordán aprovechó el momento en que su expareja acudió a trabajar para extraer a sus pequeñas hijas pese a que ella tenía la custodia, las trasladó hasta Tuxtla Gutiérrez  y desde ese momento el calvario de Cristy ha sido tormentoso pues a través de irregularidades y sin una investigación a fondo le quitaron la custodia de sus hijas sin la posibilidad de dejarselas ver

“Él ( Jordán Ramírez) acudió  con dicha jueza argumentando que los niños estaban abandonados y en menos de una semana le da la custodia temporal” destacó.

Cuando ella pretendió demandar a su expareja por las extracción de sus hijas, su ex pareja apoyado de la jueza Graciela Alcázar Castañón, jueza Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla, ya había obtenido la custodia temporal que se ha extendido hasta la fecha sin que se haya dictado una sentencia.

“Lo lamentable de este caso es que la jueza  en su momento no actuó bajo el contexto de perspectiva  de género, pues nunca investigó dónde estaba la mamá, no se preguntó si fue violentada por haberles sustraído a sus hijos o en el extremo de los casos, no se cuestionó si la mamá pudo haber sido asesinada para quitarle a sus hijos, no, nada de eso sucedió y sin mayor investigación le dio la custodia temporal al padre. Nunca se interesó en qué condiciones fue la sustracción de los niños”  mencionó la activista Karen Diane.

El caso se sigue desde ese año bajo el expediente 951/2011 y pese a los múltiples intentos para lograr un acuerdo y así  poder tener contacto con sus hijas, se le ha puesto constantes obstáculos. “no hay forma que ella pueda apelar, si ni siquiera hay sentencia, lo más triste es que la más pequeña de sus hijas padece de diabetes mellitus y ni así dejan que tenga contacto con ella” relató.

“Pero lo más triste es que ella tiene que viajar desde Guadalajara constantemente para intentar tener contacto con sus hijas y ver el avance de su caso, pero se topa con la pared institucional y la negativa de su expareja y lamentablemente regresa a su ciudad  con depresión” comentó.

Por los casos que el grupo de feministas les ha dado seguimiento se han percatado que Graciela Alcázar Castañón, jueza Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla ha quitado la custodia a varias mujeres y ya tiene un historial de sentencias o actuaciones con cero perspectiva de género.

“Estamos analizando que el caso de Cristy se vaya a la Corte Interamericana porque son ocho años sin sentencia,  en lo que no ha tenido ni siquiera la oportunidad de apelar , ha habido una dilación del caso” 

Se supone, añadió, que la ley es pronta y expedita pero ocho años es increíble y eso lo ha permitido las propias instituciones, “esto se debe porque los abogados hacen uso de las argucias legales  que se saben muy bien para alargar el caso; se lo saben tan bieN y lo peor de todo que es respaldado por los jueces”

A GISELA NO LE PERMITEN VER A SUS HIJOS DESDE HACE DOS AÑOS

Señaló que otro caso representativo es el de Gisela Prado Damián, cuya expareja de nombre Víctor Albores Hernández ha abusado de  su posición como secretario de Juzgado Segundo del Distrito de Amparo y Juicios Federales para hacer la justicia de su lado y así  arrebatarle sus hijos al grado de no permitirle verlo desde hace dos años.

De acuerdo a la activista feminista Karen Diane  en este caso, cuyo número de expediente es 1050/2017,  ha sido muy notoria la relación cercana del ex esposo violentador con todo el aparato  impartidor de justicia.

Pese a que Víctor Albores Hernández comete una infracción, al no permitir que la madre vea a sus hijos, el juez que lleva el caso inexplicablemente no han dictado alguna medida por esa actitud violenta, explicó la feminista.

La convivencia de los hijos con cualquiera de sus progenitores es un derecho  que está protegido por la Ley y por los diversos convenios internacionales que tiene México; el año pasado la SCJN resolvió  que si uno de los progenitores quien tiene la custodia impide sistemáticamente la convivencia con la otra parte es motivo para modificar la guarda y custodia para que se logre esa convivencia, 

“En el caso de Gisela Prado  hemos visto que su expareja tiene un historial de agresión previa y vemos que es un agresor que está siendo amparado por las instituciones, en el sentido de que los niños, y  hay dictámenes médicos y psicológicos, son manipulados por su padre. De alguna manera el tipo está manipulando la idea que los hijos tenían sobre la mamá y pese a esos dictámenes no separan a los niños del padre” mencionó Karen Diane.

La activista y feminista Patricia Chandomí alertó que en casos como estos donde se denuncia manipulación en los hijos para cambiar la idea sobre la madre  es necesario que los jueces tomen en cuenta estudios sobre el Síndrome de Alienación Parental pues se estaría cometiendo un delito de resultar cierto.

De acuerdo al grupo  de feministas, hay cocimiento que existen tres dictámenes psicológicos que reportan manipulacioń por parte del padre, “pero el señor por su influencia ha cambiado en tres ocasiones de psicólogo tratando de manipular el caso; incluso el último psicólogo fue demandado penalmente por el dictamen que emitió” refirió Diane Karen Limón Padilla.

La feminista quien ha participado y encabezado distintos movimiento en defensa de la mujer refirió que el ex esposo de Gisela Prado Damián ha abusado de su posición como servidor público.

“Tiene ventaja por encima de otros  y uno de ellos es entender el lenguaje jurídico; está relacionado con la gente del campo jurídico, abogados, abogadas, jueces, juezas y personas que le pueden avisar previamente sobre el proceso del caso, además que tienen la habilidad de encontrar un recoveco en las leyes para hacerlas a su favor”  apuntó Limón Padilla.

En noviembre de 2017  Gisela Prado rompió el silencio a través de redes sociales, mediante un post  expuso su caso y todas las irregularidades, su denuncia fue retomada por el grupo de activistas y le comenzaron a dar seguimiento, pero en estos casi dos años lo único que logró fue le arrebataran a sus hijos y que su ex pareja la acusara de violencia psicológica por dicho post.

De acuerdo a la activista, en este caso ha habido constante acoso por parte de la ex pareja  a fin de que desista de su intención de ver y convivir con sus hijos, uno de diez y otros de 15 años; “El último acoso fue hace meses al  recibir una demanda por pensión alimenticia y por violencia familiar, es increíble que las autoridades permitan este atropello cuando ella tiene más de dos años que no ve a sus hijos y además no tiene trabajo porque fue despedida” apuntó.

ES UNA VIOLENCIA DESGASTANTE, ASEGURAN LAS ACTIVISTAS

Alrededor de estos casos está el sufrimiento de cada una de ellas, la violencia de género, violencia jurídica, violencia econoḿica, violencia psicológica  además un desgaste emocional y desgaste económico porque al entrar en litigio han tenido que desembolsar gran cantidad de dinero en la contratacioń de abogados que poco o nada pueden hacer ante las influencias de los señalados.

A ello se le suma, consideró la activista, los gastos médicos porque la mayoría ha pasado por proceso de estrés postraumático, incluso la mayoría perdió su trabajo porque sus jefes no les daba permiso para acudir a los juzgados.

“Si eso no es violencia operada desde la parte del estado, entonces no sé de qué estamos hablando, pues están amparando y respaldando que desde el poder machista se les quite el derecho de convivir con sus hijos” lamentó Karen Diane.

Lo más cuestionable de todos los casos es que en ninguno de los que acompañan los jueces o las juezas no han podido  justificar que las mamas sean figuras peligrosas o que los niños hayan probado maltrato, para que no permitan verlos. “Esto es una verdadera tortura para las madres” afirmó.

“Es decir que sin ninguna justificación las juezas y jueces  exponen que los niños no deben convivir con las mamás aunque no se configure ningún tipo de maltrato por parte de las madres hacia los niños”  reiteró.

PARA LOS POLÍTICOS ENTRE MÁS SEA EL NÚMERO MÁS LES REDITÚA, ASEGURA LA ACTIVISTA

La activista consideró que los números podrían decir mucho pero la violencia de género, sobre todo para este tipo de casos, no debe  estar de por medio una cifra, sino que se tiene que trabajar para eliminar la corrupción en la impartición de justicia para que no exista este tipo de casos.

“Con una que sea ya es importante darle la atención y el seguimiento que realmente se merece. Creo que el estado se sacude muy bien este tipo de problemas a través de los números, a veces dicen ahh es uno o cinco, no son muchos y por eso no se les atiende, pero ojo, son ocho mujeres que tenemos conocimiento a quienes se les está destrozando la vida  la autoridad está contribuyendo”

“No existen cifras exactas de cuántas mujeres están pasando por la misma situación, pero te aseguro que si esto se hace más público, las cifras van a incrementarse y van a parecer  más casos” aseguró.

En alguna ocasión, recordó,  para solicitar una reunión con la titular de una dependencia, el asistente les pidió que para poder ser atendidas tenían que reunir a muchas mujeres con  la misma problemática.

“Es de risa que todavía a las mujeres nos sigan viendo como un número o una cifra para poder ser atendidas” lamentó.

Cuando el estado o sus instituciones, dijo, deja abierta esa posibilidad de que un maltratador pueda  ser uso de las instituciones para seguir maltratando a su expareja, lo que estás haciendo es que estás abriendo la puerta para que le pueda pasar a cualquier mujer.

URGE CAPACITAR A JUECES Y JUEZAS EN PERSPECTIVA DE GÉNERO.

Patricia Chandomí, activista feminista y acompañante de mujeres que han sufrido la violencia machista lamenta que aún cuando en Chiapas existe  Alerta de Género, los jueces del Poder judicial no se están capacitando para impartir justicia con perspectiva de género.

“Quienes han sumido las capacitaciones en ese tema han sido los ayuntamientos y la Fiscalía  General del Estado, eso es bueno, pero falta la parte más importante y es  para quienes imparten la justicia” consideró.

A lo máximo que llegan los magistrados y jueces, consideró,  es a pláticas de una a dos horas de manera superficial en temas que hablan sobre la impartición de justicia con perspectiva de género;  eso no es sólo cuestión de una o dos horas, reviró. 

“Se requiere por lo menos una sensibilización de por lo menos 80 horas  para que comprendan cómo el derecho ha sido androcéntrico-machista” consideró.

Para que este panorama de la violencia machista respaldada por las instituciones impartidoras de justicia se erradique es necesario visibilizar cada uno de los casos, apuntó. También es necesario  que jueces se certifiquen y que comprueben que ha sido capacitado en perspectiva de género como protección para las víctimas.

“Actualmente  hemos visto falta de capacidad y sensibilización de los jueces para impartir justicia con perspectiva de género, no van a fondo de la situación por la que pasa en cada caso” dijo.

Al no haber una correcta aplicación de justicia con perspectiva de género se reproduce doble violencia hacia las mujeres y esos la hace doblemente vulnerable, “se le deja más vulnerable pues muchas no entienden  los términos jurídicos; o porque no tiene recursos económicos” refirió.

Lo que se tiene que hacer en  lo inmediato, consideró, es abrir de inmediato una mesa de atención de casos, primeramente con las víctimas y que llegue directamente el presidente del Poder Judicial del Estado.

“Que se comprometa a atender  los casos, que ya no haya más dilación en para emitir las sentencias,  que se agoten todos los instrumentos jurídicos internacionales, que se tome en cuenta el síndrome  medianelación parental y todos los elementos y que se vigile que en todos los expedientes esté la perspectiva de género”  pidió..

La mesa de atención  tiene que estar integrada, dijo, por víctimas y no por representantes, que sean las mismas víctimas las que dialoguen con las autoridades. “Posteriormente a la mesa de casos urge que los  jueces se capaciten verdaderamente para la impartición de justicia y no que tomen cursos de una o dos horas, sino que diplomados de 120 horas y 80 horas” añadió.

La activista concluyó que para eficientar la impartición de justicia, se tiene que exigir  que desde la Secretaría de Educación se obligue a las Universidades, que imparten la carrera de derecho, a tener en su plan de estudios la materia de perspectiva de género  como algo transversal en su formación “y no que sea un ámbito de especialidad porque toda la justicia nos atraviesa el género” remató.

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