Exponen desvíos de las últimas 3 legislaturas

Mario Jiménez LeyvaMario Jiménez Leyva

Los diputados la 63 legislatura no informaron sobre los gastos que se realizaron en la adquisición de tabletas y tableros electrónicos que se instalaron en el salón del pleno

Al menos las tres últimas legislatura estatales, -62, 63 y 64-, han cometido diversas irregularidades en el manejo de los presupuestos, nóminas y contratación de personal, sin que ningún órgano autónomo de fiscalización o autoridad competente investigue y sancione las irregularidades, por lo que existe total impunidad.

En la exposición de motivos de la proposición con punto de acuerdo presentada por diez diputados del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se señala que a partir de la instalación de esta 64 legislatura han encontrado irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos contemplados en los pasados presupuestos de egresos, respecto del manejo de las transferencias y contratación de servicios personales por terceros mediante el modelo conocido como outsourcing. 

Manifiestan que en el ejercicio legal 2015 la 62 legislatura registró un incremento desmedido en su presupuesto aprobado por la cantidad de 228 millones 992 mil 927 pesos, mismo que va en contra de los principios de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria.

Agrega que los coordinadores de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Félix Serrano Toledo (del PRD) y Natividad Díaz Jiménez (del PAN), prometieron entonces auditorías externas al Congreso, pero por acuerdos políticos entre los representantes de los partidos políticos nunca se realizaron.

Señalan que el 25 de agosto del 2017 el entonces tesorero de la 63 legislatura, Eduardo Javier Aldana González, aseveró que recibió la oficina de la tesorería sin documentación ni archivo general.

“Es decir los diputados y tesorero de la 62 legislatura no dejaron nada o desaparecieron los documentos que comprobaran en qué gastaron más de 1 mil millones de pesos ejercidos durante tres años”, pero además dejaron una deuda de 100 millones de pesos, misma que contrajeron sin cobertura presupuestal y gran parte de ella con cobertura y empresas fantasmas.

También dicen que el 20 de noviembre de 2018 trabajadores de base y confianza del Congreso solicitaron a diputados de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES) para que realicen una auditoría a la 63 legislatura, a fin de evidenciar la fuga del presupuesto porque existen nóminas con una serie de aviadores que dejaron las administraciones priistas.

Asimismo denunciaron al ex oficial mayor Igmar Medina Matus, hijo de la ex diputada del PRI María Luisa Matus, por manejar durante dos legislatura una nómina secreta.

Destacaron que el 28 de noviembre de este año, el presidente de la mesa directiva del Congreso, César Morales Niño, expusó que los diputados de la 63 legislatura no informaron sobre los gastos que se realizaron en la adquisición de tabletas y tableros electrónicos que se instalaron en el salón del pleno.

Por su parte la presidenta de la Jucopo, Laura Estrada Mauro, manifestó que a la fecha no tenían ninguna información.

"Frenan acciones"

Incluso el 8 de agosto del año en curso, durante la inauguración de la Jornada por la armonización legislativa en materia de archivos, organizado por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Morales Niño informó que no se realizó la entrega-recepción en el Congreso estatal, por lo que desconocían el uso de los recursos públicos que había hecho la 63 legislatura.

Por esta razón, -precisan los diez diputados de Morena-, presentaron un punto de acuerdo, para que sea tratado como de urgente y obvia resolución-, a fin de que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que se considere por la Auditoría Superior de la Federación a esta legislatura en su programa anual de auditorías.

Aunque estas es la segunda vez que realizan la misma proposición y el presidente de la mesa directiva, César Morales Niño, y la presidenta de la Jucopo, Laura Estrada Mauro, impiden que llegue al pleno, lo que mantiene en total impunidad a los responsables del daño patrimonial en el Poder Legislativo.