Austeridad republicana, exigen al Ejecutivo

Pável Meléndez y Ericel Gómez Nucamendi, integrantes de la Comisión Permanente de Administración Pública,

La 64 legislatura de Oaxaca exhortó al Poder Ejecutivo del estado a que, en apego y congruencia con la política de austeridad republicana del gobierno federal, instrumente los mecanismos necesarios para poner a la venta la flotilla de helicópteros o avionetas, camionetas y automóviles de lujo, o cualquier otro activo del gobierno estatal, que resulte no ser de primera necesidad.

Además de establecer y garantizar que las remuneraciones de todos los funcionarios públicos estatales no excedan el sueldo del presidente de la República mexicana.

Así como establecer que la seguridad social y atenciones médicas para todos los funcionarios de los poderes del estado se otorguen únicamente por los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca, prohibiendo la contratación de servicios, gastos o seguros médicos privados a costa de la hacienda pública estatal.

En el dictamen que presentó la Comisión Permanente de Administración Pública, que encabeza el diputado de Morena Ericel Gómez Nucamendi, y de Programación y Presupuesto, que preside el legislador Mauro Cruz Sánchez, se manifiesta que establecer la austeridad en el Estado se funda en la necesidad de canalizar los recursos públicos que hoy se malgastan a decisiones sociales fundamentales que impulsen el desarrollo integral en beneficio de quienes más lo necesitan.

Cortar privilegios a la alta burocracia

Destaca que un estado con altos índices de pobreza como Oaxaca no puede dilapidar sus recursos económicos en la alta burocracia, llena de prebendas y privilegios, “por lo tanto debemos poner un alto a esta práctica que denigra la administración pública estatal”.

Añade que, como Poder Legislativo, tienen la necesidad de encabezar desde esta soberanía, procesos de transformación democrática, cuyos cimientos deben ser construidos de manera contundente, fomentando la limitación de la opulencia en el ejercicio del gasto público y estructurando los mecanismos necesarios para dignificar la función pública hacia cauces de austeridad y racionalidad, priorizando el bienestar colectivo.

Subraya que la austeridad permitirá erradicar el conjunto de excesos que la clase política se había agenciado y permitirá construir de manera sólida por principios constitucionales de economía, racionalidad, honradez y transparencia en la asignación y ejercicio de recursos públicos, siendo esta condición uno de los motores más importantes para la transformación de nuestro estado.