Sin debido proceso, 98% de reos indígenas en Chiapas: Frayba

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“Nos estamos preparando para presentar el informe alternativo sobre tortura, discriminación hacia los pueblos indígenas y hacia mujeres víctimas de violencia y tortura sexual”, señaló el Frayba.

Jorge Hernández representante de el centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé De las Casas y Gilberto Hernández, encabezaron una conferencia de prensa para dar a conocer los casos de tortura que existen en el Estado, mencionaron que este proyecto abarca siete países de América Latina donde la tortura sigue siendo un fenómeno constante, cotidiano es en ese contexto que han habido diferentes acciones una de ellas fue el comité contra la tortura y la sesión que tuvo México en Ginebra, hace dos semanas también se reunieron con el comité contra la discriminación racial, donde México rindió su informe respecto a este comité y  dónde sociedad civil mexicana presentó información sobre discriminación hacia los pueblos indígenas en el sistema de Justicia mexicano.

Destacaron que una de las recomendaciones preliminares que da este comité en Ginebra es  que el Estado mexicano tiene que hacer esfuerzos muy grandes no solamente en el marco normativo, sino en las acciones concretas respecto a la discriminación que viven las personas indígenas en el sistema judicial mexicano, sobre todo en este nuevo contexto donde se tiene al sistema penal acusatorio.

En el Informe Alternativo de las Organizaciones de la Sociedad Civil de México al Comité Contra La Tortura de la Organización de Las Naciones Unidas, que se presentó durante el 66 período de sesiones, el 25 de abril de 2019, en Ginebra, Suiza se recomendó al Estado mexicano:

Atender las causas estructurales, escala y características específicas de la tortura cometida contra personas y pueblos indígenas, procurando que la atención y medidas de reparación integral en estos casos abarquen no solamente la dimensión individual sino también el impacto comunitario de los hechos.

Generar un mecanismo de control efectivo de las detenciones de personas indígenas en el que se garantice la presencia sin demora de un intérprete y un abogado defensor con conocimiento de su cultura, atendiendo los estándares internacionales de protección de los pueblos indígenas.

Reiteraron que en los próximos meses nuevamente presentarán resultados al Comité de Derechos Civiles y Políticos de México.

“La sociedad civil nuevamente nos estamos preparando para presentar el informe alternativo y estar en la sesión en Ginebra, insistiendo nuevamente sobre estos temas de tortura, de discriminación hacia los pueblos indígenas y hacia mujeres víctimas de violencia y tortura sexual así como la militarización, entre otros temas”.

El Frayba ha documentado que en Chiapas, el 98% de personas privadas de su libertad pertenecientes a algún Pueblo Originario, no cuentan con una defensa adecuada porque se encuentran en una situación de marginación cultural, social y económica. Las detenciones suelen realizarse basadas en la apariencia y sospecha, como una forma de “limpieza social”. La Tortura y otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes no se investiga manteniendo la impunidad y la continuidad de este ilegal método de investigación.

En este marco del proyecto hicieron hincapié en el caso de el Señor Francisco Espinoza Hidalgo quien es sobreviviente de un acto de tortura.

Gilberto Hernández, dio a conocer a través de la lectura de un boletín del Frayba que el Poder Judicial tiene la decisión de vincular a proceso a los  policías torturadores de Francisco de Jesús Espinoza Hidalgo, pronunció que el 23 de agosto de 2019 se realizará la audiencia inicial de formulación de imputación y vinculación a proceso en contra de  Ordai Rodríguez Vilchis y Edgar Zavala Gutiérrez y los que resulten responsables en agravio de Espinoza Hidalgo.

Los agentes aprehensores que presentaron a Francisco ante el Ministerio Público de la Fiscalía de distrito centro en Chiapa de Corzo la mañana del 29 de mayo de 2015 cuando este salió de su casa, en el barrio la alberca municipio de Venustiano Carranza a trabajar, lo privaron de su libertad y desaparecieron, de acuerdo con su testimonio durante la detención y traslado fue torturado física y psicológicamente.

“Pensé que me iban a matar porque me golpeaban mucho en la cabeza, posteriormente lo llevaron a la fiscalía en Chiapa de Corzo donde se intensificó la tortura, golpes en diversas partes del cuerpo especialmente en la cabeza, el cuello y las costillas, además de recibir descargas eléctricas en el lugar”, narró Gilberto Hernández.

El Ministerio Público a pesar de  las señales de tortura dejaron a Francisco durante 3 años y 4 meses en el centro Estatal para la reinserción Social para sentenciados número 14, “El amate” en Cintalapa.

Según el auto de formal prisión del juez  primero del ramo penal del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez con sede en cintalapa, fue acusado de robo con violencia agravada y daños, el demandante fue Domingo Sebastián de la Torre Gómez ex comisariado ejidal.

Las secuelas de la tortura se intensificaron por las condiciones carcelarias que a su vez agravaron el estado de salud de Francisco, peritos independientes que aplicaron el protocolo el 13 de noviembre  de 2015 corroboraron los daños físicos y psicológicos los cuales a la fecha le obstaculizan desarrollar tus trabajos como campesino, entre las consecuencias de la tortura se encuentran los impactos al proyecto de vida familiar y las rupturas comunitarias en Francisco como representante del pueblo maya Tzotsil.

El encierro lo afectó espiritualmente en la relación con su territorio, el 21 de septiembre de 2018 Francisco de Jesús Espinoza Hidalgo logró su libertad por reconocimiento de inocencia con el apoyo de una amplia Red Nacional e internacional de organizaciones defensoras de Derechos Humanos, más de 5 mil cartas que se enviaron desde Francia presionaron a la fiscalía contra la tortura para avanzar en la investigación que hoy posibilitan el vincular a proceso a policías perpetradores.

La historia de Francisco es una de las 18 denuncias penales perpetradas  ante la fiscalía contra la tortura por sobrevivientes de estos delitos integrantes de pueblos originarios en el centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, este es  también uno de los 54 casos documentados por Frayba ante el fondo contra la tortura de la organización de las Naciones Unidas.

En este contexto el Tribunal Superior de Justicia en Chiapas tiene  la decisión de establecer un antecedente de no impunidad que garantice la necesaria no repetición de la tortura hacia los pueblos originarios.

HISTÓRICO, SI VINCULAN A PROCESO A

POLICÍAS TORTURADORES: HERNÁNDEZ

Si Orday Rodríguez Vilchis, Édgar Zavala Gutiérrez y otros agentes inmiscuidos en casos de tortura son vinculados a proceso se estaría viviendo un hecho sin precedentes en Chiapas, destacó Gilberto Hernández Miranda integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba)

Los policías ministeriales están acusados de torturar en 2015 a  Francisco de Jesús Espinosa Hidalgo, campesino  de 70 años de edad originario del municipio de Venustiano Carranza, quien estuvo recluido en el Cereso El Amate tres años y cuatro meses.

“Hoy está en libertad pero con secuelas en su estado físico,  pero lo lamentable es que fue privado de su libertad por un delito que no cometió”, destacó quien también es abogado de la víctima.

Destacó que es momento para que el Estado haga justicia a una persona que nada tenía que ver con  el delito que en su momento se le imputó.

“Es un momento de decisión por parte del Poder Judicial local; es un caso que hemos impulsado, hemos aportado pruebas y hemos pedido que se agilice esta investigación”, mencionó en conferencia de prensa.

No es un caso  complejo, insistió, sino que ha habido  resistencia por parte del propio fiscal del Ministerio Público para investigar a sus compañeros. Ahora el Tribunal Superior de Justicia del Estado, dijo,  tiene en sus manos una oportunidad histórica para vincular a proceso a quienes cometieron un acto de tortura. 

El acto se celebrará este viernes en la Sala B del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento región I “El Canelo, ubicado en Chiapa de Corzo. Si esa instancia decide lo contrario, se estaría dando una señal de impunidad a los casos de tortura, apuntó.

Incluso, recordó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió el año pasado una recomendación para que se investigue a fondo, la cual contempla ocho puntos, “porque esta instancia determinó que sí hubo tortura”.

De acuerdo al abogado, fueron alrededor de ocho personas quienes participaron en el acto de tortura pero solamente dos fueron identificados plenamente por la víctima.

Añadió que en el sexenio pasado el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas registró por lo menos 100 casos de tortura y  la mayoría cometidos contra  personas indígenas.

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