Comer y sobrevivir, el reto diario para los desplazados

René AraujoRené Araujo

MILES DE DESPLAZADOS ENFRENTAN UNA LUCHA contra hambre, enfermedades, inseguridad, discriminación y, en muchos casos, hasta la muerte.

Día a día, miles de desplazados enfrentan una lucha contra hambre, enfermedades, inseguridad, discriminación y, en muchos casos, hasta la muerte.

Viajan de estado a estado dentro del país huyendo del crimen organizado, saqueos, desalojos y pobreza.

De acuerdo con el reporte Desplazamiento Interno Forzado en México, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), hubo 27 episodios de desplazamiento interno forzado masivo en 2018 en el país, los cuales se calcula que afectaron a cerca de 11 mil 491 personas.

La violencia generada por grupos armados organizados fue la causa del desplazamiento en 80% de los casos.

Manuel Olivares Hernández, director del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, advierte que al huir de casa, las personas no cargan papeles, eso los coloca en una posición vulnerable porque nadie los censa y no pueden acceder a programas sociales.

El especialista enfatizó que cuando varias familias se desplazan juntas es más fácil sobrellevar la situación, pues juntas enfrentan el problema y las autoridades se ven obligadas a atenderlas.

“Pero si salen en pocos grupos se complica que las autoridades les den atención”, explicó.

 

DESPLAZADOS SÓLO CARGAN HAMBRE E INCERTIDUMBRE

El viacrucis que tienen que enfrentar los miles de mexicanos que tienen que desplazarse forzosamente por el país recién inicia luego de huir de casa, pues cada día tienen que librar una interminable lucha contra el hambre, enfermedad, incertidumbre, inseguridad, discriminación y, en algunos casos, la muerte.

Manuel Olivares Hernández, director del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, explicó que cuando varias familias se desplazan en caravana es más fácil sobrellevar la situación, pues juntas enfrentan el problema y las autoridades se ven obligadas a atenderlas, pues el fenómeno mismo visibiliza la situación.

“Al exigir sus derechos de manera colectiva los hace visibles ante las autoridades, pero si salen en pocos grupos, sin manera organizada y sin documentos se complica que éstas les den atención. Cuando llegan a algún lugar, generalmente reciben ayuda de los mismos habitantes, quienes les regalan ropa y víveres. Sin embargo, el problema viene cuando se alarga el tiempo de estancia”.

Resaltó que el problema del desplazamiento deja gran sufrimiento en mujeres, ancianos y, principalmente, en los niños, pues dejan de ir a la escuela, de recibir atención médica, su alimentación cambia radicalmente, además de que se vuelve muy limitada.

Olivares narró que la mayoría de los desplazados pasan hambre, hecho que él mismo constata porque acompaña a numerosos grupos, pues hay desplazados desde 2011 y 2012, y que a más de siete u ocho años no han sido reubicados, “entonces pierden el derecho al trabajo al no estar domiciliados, porque además la mayoría es campesino indígena que vive de lo que siembra, come de lo que siembra.

“Ellos son los habitantes más pobres de Guerrero, los más vulnerables, sufren mucho, pues diariamente se enfrentan al hambre, a la incertidumbre y a la inseguridad”.

Detalló que, además como son personas desplazadas y muchas salieron huyendo con lo que traen puesto, “pues no cargan papeles y nadie las censa, por lo tanto, no pueden hacerse acreedores a algún programa social y desgraciadamente son miles quienes están en esta condición y nunca van a ser reconocidos como víctimas de desplazamiento por las autoridades”.

Señaló que la misma Ley 487 expone que para ser merecedor de los beneficios las familias tienen que mantenerse en los refugios que se habilitan, donde son censados y tomados en cuenta, reciben una, “por así decirlo, reparación del daño”, pero si son grupos escasos que generalmente desconocen de dichos albergues o nadie los canaliza, por ello, no reciben ningún beneficio.

IMPACTO EN LA SALUD

El activista lamentó que “gran parte de las personas en situación de desplazamiento enfrenta, en algún momento, episodios de depresión, lo que ha ocasionado algunos decesos, pues al dejar sus raíces, sus tierras, se vienen a agravar las enfermedades con las que ya venían o se les van generando. Si una persona con diabetes estaba estable en su comunidad, al desplazarse se agrava su enfermedad y al no tener ya atención médica, pues termina en situaciones graves o incluso llega a morir”, dijo.

Aunque la CMDPDH estimó en cinco mil 56 los desplazados entre enero y diciembre del año pasado en Guerrero, el activista aseveró que pese a que no existe un registro oficial de esta situación, por los casos que ellos conocen y acompañan calculan que entre seis mil y ocho mil personas “están en esta grave situación”.

De acuerdo con el registro de la CMDPDH, de enero a diciembre de 2018 se registraron 27 episodios de desplazamiento forzado masivo en México, los cuales se estima que han afectado a al menos a 11 mil 491 personas. Estos desplazamientos ocurrieron en 20 municipios y 52 localidades de Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Brenda Pérez, directora del área de Desplazados de la CMDPDH, coincidió al señalar que el mayor impacto de desplazamiento lo reciben los niños, embarazadas y ancianos.

Recriminó la falta de protocolos por parte de las autoridades para combatir este problema y las causas que impiden a la población desplazada retornar a sus hogares.

También coincidió en la atención diferenciada que reciben los desplazados cuando se mueven de manera colectiva que cuando es hormiga o gota a gota, pues cuando es en núcleos pequeños se convierte en desplazamiento silencioso, por tanto, enfrentan otro tipo de situaciones.

Cuando llegan a algún lugar de forma masiva reciben un apoyo más institucional, pues las autoridades municipales les dan ayuda de forma inmediata, de tipo paliativa, pero que no están pensadas a mediano o largo plazo y se vuelven insuficientes.

“Muchas de las víctimas suelen ser discriminadas por las autoridades, pues no les brindan la ayuda a la que deberían tener acceso, lo que los lleva a enfrentar hambre en la mayoría de los casos.

“Dos de los casos más emblemáticos fueron los ocurridos en Chalchihuitán y Chenalhó, Chiapas, en 2017, cuando sumaron más de cinco mil indígenas desplazados. Algunos fueron instalados en campamentos; sin embargo, el año pasado, estás víctimas tuvieron que volver a desplazarse luego de que sus campamentos fueron destruidos por el panista Hermelindo García Núñez, síndico municipal de Chalchihuitán, quien los amenazó con amarrar y quemar a los representantes del Comité Chalchihuite, así como a quienes intentaran ingresar al lugar donde se ubicaban los campamentos”.

Recordó que en el caso de Chalchihuitán hubo fallecimientos por las condiciones inadecuadas. “Hubo decesos de menores y de personas adultas que no pudieron enfrentar el desplazamiento o las condiciones en las que vivían, pues morían de hambre, de frío o por enfermedad, así lo registramos el año pasado”.

 

“UNA DE LAS NIÑAS SE QUEDÓ CALVA Y A LA OTRA LE DIO VITILIGO”

El activismo que Germán y su esposa, Norma, miembros del Movimiento por la Paz, de la plataforma de Pueblos Originarios —quienes dan seguimiento a casos de violaciones de derechos humanos de comunidades indígenas— realizaron contra la minería ha dejado graves impactos en la salud de sus seis hijas y la pérdida de todo su patrimonio, pues tuvieron que huir de Morelos, luego de que ella y sus hijas fueron secuestradas y su casa allanada en mayo de 2013.

En dicho año, integrantes de varias comunidades del sur del estado se acercaron a los activistas, debido a que una minera pretendía instalarse, lo que, acusaron, ocasionaría graves daños a sus tierras. Por tal motivo, Norma y Germán se unieron al movimiento antiminero en Morelos. Sin embargo, en mayo de ese año, como consecuencia del apoyo brindado a los pobladores, “mi familia, mis hijas y mi esposa fueron secuestradas... afortunadamente pudimos rescatarlas 24 horas después”.

Sin embargo, diez días después del secuestro su casa fue allanada.

“Con recursos propios huimos de Morelos y nos asentamos en el Estado de México. Salimos sólo con lo que traíamos puesto.

“Pero ahí no acaba todo, debido a todo el estrés acumulado desde el secuestro tuvo un impacto negativo en la salud de nuestras hijas.

“Una de mis hijas pequeñas cuando fue secuestrada tenía ocho años, el impacto fue mayor, porque de un día para otro todo su entorno cambio. Estuvo casi seis meses sin poder dormir. Cuando apenas lo lograba despertaba gritando, se le cayó el cabello, se quedó completamente calva, perdió peso, se hacía pipí en la cama. Y bueno, eso sólo fue en ella, tenemos seis hijos. Otra de nuestras hijas tuvo sobrepeso y se le desarrolló el vitiligo y apenas en 2018 empezó a recuperarse”, narró el matrimonio.

Norma, Germán y sus hijas regresaron a Morelos en 2017, pero aún siguen escondidos por temor a que algo pudiera pasarles.

 

EL CONFLICTO DETRÁS DEL DRAMA

Sobreviven en las montañas y bosques, a la intemperie con la lluvia y el frío.

Son unas 5,000 personas indígenas de Chiapas quienes hace varias semanas huyeron de sus comunidades, amenazados por grupos armados.

La mayoría proviene de Chalchihuitán, un municipio de unos 20,000 habitantes en la región montañosa conocida como Los Altos de Chiapas.

Entre los desplazados hay cientos de niños, mujeres embarazadas y ancianos. Muchos están enfermos y no tienen comida, aseguran organizaciones civiles.

Viven, además, aterrorizados: cada noche escuchan disparos de quienes les persiguen, hombres armados de comunidades ubicadas en el vecino municipio de Chenalhó.

Con ellos sostienen una disputa de 45 años por la posesión de tierras y bosques que no ha logrado resolverse, y ahora provoca el desplazamiento de miles de personas.

"Es una crisis humanitaria, no encuentro otra forma de hacer entender la extrema gravedad y el riesgo de la vida de ellos", le dice a BBC Mundo el sacerdote Marcelo Pérez Pérez, párroco en el municipio de Simojovel y coordinador de Pastoral Social en la Diócesis de San Cristóbal de las Casas.

El sacerdote fue el primero en visitar los campamentos donde sobreviven los desplazados.

Un viaje peligroso de varias horas por el bosque, vigilado por personas armadas que suelen disparar a los extraños.

Al llegar "me encontré con niños con mucha calentura (fiebre), como es un clima frío tosen mucho, tienen diarrea, vómitos. Hay muchos ancianos enfermos", cuenta.

"Vi a una mujer que dio a luz hace un mes y está en la montaña con su bebé, en el frío y sin comida".

Otra espera el parto para dentro de tres semanas. "Si no se resuelve el problema el niño nacerá a la intemperie. Es una situación inhumana, precaria la que tienen".

Las personas desplazadas provienen de al menos nueve comunidades en los límites de Chalchihuitán y Chenalhó.

Algunos abandonaron sus pueblos a mediados de septiembre, pero la mayoría huyó después del 18 de octubre pasado.

Ese día fue asesinado el campesino Samuel Luna Girón mientras cultivaba su parcela en la comunidad de C'analumtic, en Chalchihuitán.

Organizaciones como Servicios de Asesoría para la Paz (Serapaz) dicen que un grupo armado de Chenalhó le disparó ocho balazos.

Tras el ataque se vaciaron las comunidades vecinas. Algunos se fueron a las montañas pero otros se refugiaron en las calles de la cabecera municipal.

Allí permanecen, sin ayuda gubernamental advierten las organizaciones civiles.

VIEJO CONFLICTO

La parte visible del problema es la disputa por 900 hectáreas de tierras en los límites entre Chalchihuitán y Chenalhó.

Durante décadas los habitantes y autoridades de los municipios establecieron convenios para usar las tierras en zonas comunes.

Pero en 1973, la entonces Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) estableció una nueva división geográfica sin respetar los acuerdos comunitarios.

Entonces empezó el conflicto. En 1975 el Tribunal Agrario entregó las 900 hectáreas a Chalchihuitán pero las autoridades vecinas no lo aceptaron.

Años después establecieron un nuevo acuerdo: el pago de una indemnización de 15 millones de pesos.

Pero el gobierno de Chiapas se negó a pagar esa cantidad a Chenalhó. El uso de ese terreno quedó en el limbo a la espera de una resolución judicial que sigue pendiente.

Mientras, el conflicto se profundizó. En 2002 autoridades de Chalchihuatán advirtieron que tomarían la justicia por sus manos para recuperar las tierras.

Y en 2014 dijeron lo mismo en Chenalhó. Tres años después grupos armados quemaron casas y cortaron caminos de las comunidades en el municipio vecino.

EL FANTASMA DE ACTEAL

La violencia en esta región no es nueva. Los Altos de Chiapas, y especialmente la frontera entre Chalchihuitán y Chenalhó, tiene una larga historia de conflictos políticos y agrarios.

Desde los años 90 se mezcló además una estrategia oficial que algunos activistas califican como de contrainsurgencia.

De hecho en esta región se encuentra Oventic, el principal centro civil del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Y en la misma zona ocurrió, en diciembre de 1997, el asesinato de 45 personas en la comunidad de Acteal.

La masacre es parte del mismo conflicto que ahora desplaza a miles de personas, señala Pedro Faro Navarro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba como se le conoce).

En los años 90, decenas de personas, especialmente de Chenalhó, fueron armadas y recibieron entrenamiento militar por las autoridades de la época, señala.

Fue parte de la estrategia para contener el crecimiento del EZLN. Tras la masacre de Acteal se capturó a más de 80 presuntos responsables pero la mayoría fueron liberados hace unos años.

"Pero las armas nunca salieron de Chenalhó ni tampoco se han desarticulado los grupos paramilitares", dice Faro a BBC Mundo.

"Lo que vemos ahora es el uso de las armas y aprendizaje de la guerra en los 90 en un antiguo conflicto donde ni el gobierno federal ni el estatal le han dado una solución de fondo".

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