Fiscalía Anticorrupción autónoma, piden

Mario Jiménez LeyvaMario Jiménez Leyva

Fredi Delfin, presidente de la Comisión de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción

La Comisión de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de la 64 legislatura presentó una iniciativa de reforma constitucional para convertir en órgano autónomo a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y que sea el Congreso quien designe a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, con el propósito de que los funcionarios públicos que comentan delitos de corrupción puedan realmente ser sancionados penal o administrativamente.

El presidente de la misma Fredi Delfín Avendaño aseveró que es necesario dotar de “dientes” al sistema estatal de combate a la corrupción, porque a más de cuatro años de instaurado el sistema los resultados son mínimos e insuficientes.

Cuatro ejes

Explicó que la iniciativa de reforma constitucional tiene cuatro ejes principales: incorporar a los municipios al Sistema Estatal de Combate a la Corrupción a través de la conformación de los comités ciudadanos, ampliar los plazos para presentar los informes de avances de resultados de la cuenta pública por parte del órgano superior de fiscalización, desincorporar de la fiscalía general a la fiscalía anticorrupción para convertirla en órgano autónomo y retirar al gobernador la facultad de designar a los magistrados integrantes del tribunal de justicia administrativa. 

Expresó que el objetivo de las reformas es mejorar el marco jurídico del sistema de combate a la corrupción, pero además las propuestas son resultado de los foros regionales realizados por la comisión legislativa; del primer encuentro nacional anticorrupción de legisladores locales, comités de participación ciudadana y fiscales anticorrupción; de las sesiones públicas de las dependencias que integran el sistema estatal y las propias del comité de participación ciudadana, por lo que tiene legitimidad y legalidad.

Subrayó que es necesario dotar de autonomía total a la fiscalía anticorrupción y el tribunal de justicia administrativa, porque son ellos quienes tienen la facultad legal de imponer las sanciones penales o administrativas que correspondan a los funcionarios públicos e, incluso particulares, que cometan actos de corrupción.

Tranparencia en designaciones

Delfín Avendaño sostuvo además que es necesario que los titulares de la fiscalía anticorrupción y el tribunal de justicia administrativa deban de ser designados a través de procesos transparentes. 

“Nosotros estamos comprometidos con la política federal de combate a la corrupción del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero de manera efectiva no solamente de discurso, ya que él está haciendo con hechos lo que se necesita pues es un reclamo generalizado de la sociedad acabar con la corrupción”..

Comentó que en un artículo transitorio se establece que de convertirse la fiscalía anticorrupción en un órgano autónomo se procederá a la elección de un nuevo titular, lo que ha generado una campaña de descalificación de la iniciativa de reforma, pero es lo que procede legalmente.

“La verdad es que todos los documentos que sustentan la iniciativa de reforma constitucional son producto de un trabajo conjunto de la comisión legislativa, el comité ciudadano y las dependencias que integran el sistema estatal de combate a la corrupción, de tal manera que nadie en lo personal puede decirse dueño o autor de ellas, sin embargo entendemos que el fiscal anticorrupción Jorge Emilio Iruegas Álvarez intenta desacreditar las iniciativas de reformas con el argumento de plagio, sobre todo porque de aprobarse la total autonomía de la dependencia a su cargo, la 64 legislatura habrá de elegir a un nuevo fiscal”.