Investigan "fábricas de falsedad" de Rosario Robles

En el domicilio de Horacio 1840, cuarto piso, en Polanco, ocuparon como oficinas temporales Francisco Báez Álvarez y Héctor José de la O Chi, ex directores de Programación y Presupuesto de la SEDATU

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) investiga cuatro inmuebles que presuntamente fueron convertidas por funcionarios de la SEDATU y la Sedesol en las "fábricas de documentos falsos" empleados en la llamada Estafa Maestra.

De acuerdo con informes federales, al menos tres ex servidores públicos han declarado a la Fiscalía que estos domicilios, ubicados en las colonias Anzures y Polanco, operaban como oficinas "alternas" de colaboradores del ex Oficial Mayor, Emilio Zebadúa, para fabricar contratos, recibos y comprobantes con firmas falsificadas.

La información proporcionada a la FGR apunta a que los ex colaboradores de Zebadúa falsearon las rúbricas de 11 ex funcionarios para, supuestamente, justificar el desvío de aproximadamente 2 mil 800 millones de pesos de la SEDATU y de la desaparecida Sedesol.

Uno de los lugares está localizado en Tennyson 77 en Polanco, identificado ante la Fiscalía como oficina de Zebadúa, quien administró los dineros en la SEDATU y la Sedesol como colaborador de Robles.

La oficina principal desde donde también operaba Zebadúa se ubica en Tennyson 125.

De igual forma aparece señalado el domicilio de Horacio 1840, cuarto piso, en Polanco, las que ocuparon como oficinas temporales Francisco Báez Álvarez y Héctor José de la O Chi, ex directores de Programación y Presupuesto de la SEDATU.

Otros dos inmuebles eran las oficinas de Claudia Morones Sánchez, contadora que laboró en ambas dependencias, localizadas en Bahía Magdalena 125 y 146, en la Colonia Anzures.

Esta mujer es señalada como una figura clave en las investigaciones, ya que coordinaba las "fábricas" de papeles falsos, según testimonios de ex funcionarios.

Los reportes señalan que una vez que los operadores cerraban una negociación con rectores de universidades, Morones Sánchez elaboraba los convenios formales y solicitaba los datos de funcionarios que debían aparecer en el papel.

En el caso de no contar con la firma de funcionarios cómplices, las falsificaban con su equipo de trabajo.

Además de los domicilios que hoy indaga la Fiscalía General de la República, la red para el saqueo a Sedesol y SEDATU operó en otros 10 domicilios y oficinas a donde fueron llevados más de 700 millones de pesos en efectivo en camiones de empresas de valores.