La acusan por no atender amparo

Una juez del juzgado familiar fue denunciada por no atacar la resolución de un amparo

La juez segundo en materia familiar del Tribunal Superior de Justicia, Adriana L. A., fue denunciada en la Fiscalía General de la República como presunta responsable por el delito de violación a la suspensión de amparo al no atacar una resolución de un juzgado de distrito en un juicio de divorcio.

El fiscal de la federación de la mesa de orientación IV inició la carpeta de investigación S-D/UNAI/359/2019 por el delito de violación a la suspensión de amparo, previsto por el artículo 262 de la Ley de Amparo, cuya penalidad va de 3 a 9 años de prisión, además de la inhabilitación del cargo.

En la denuncia penal, el señor O.V..C, expone que fue demandado divorcio incausado por su entonces cónyuge K.H.L,, por lo cual se radicó el expediente familiar 817/2016 en el juzgado segundo familiar del distrito del centro, a cargo de la juez, Adriana López Arango.

Pero el expediente no avanzaba y después de dos años, la juez no resolvìa y por lo cual se interpuso el juicio de amparo 232/2019 en el juzgado décimo primero de distrito por el exceso de plazo para que esa juez resolviera el divorcio incausado.

Con el amparo, la juez resolvió el divorcio. El afectado consideró que había favoritismo para los abogados de la otra parte.

Al resolver el divorcio, se estableciò el régimen de convivencias de O.V. C., con sus dos menores hijas, pero la juez nunca obligó a K.H.L para que diera las facilidades para lograr esa convivencia.

Asimismo, el afectado decidió interponer otro amparo el 465/2019, del Juzgado Décimo Primero de Distrito, en el cual se decretó la suspensión provisional para que la Juez Segundo Familiar Adriana L. A., inmediatamente dictara las medidas para restablecer esa convivencia.

A pesar del amparo, la juez no lo hizo y se fue de vacaciones, por lo cual fue denunciada ante la Fiscalìa General de la República.

Asimismo, en el juicio de amparo 658/2019, el juez de distrito ordenó localizar a las menores para que se restableciera la convivencia con su progenitor O.V.C, lo cual no ha ocurrido en el juzgado y por lo cual podría imponerse también una multa de ocho mil pesos en contra de la servidora pública.