Pesan 7 acusaciones sobre Carlos Lomelí

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Las indagatorias se dieron a conocer tres días después de que el ex funcionario, Carlos Lomelí, presentó su renuncia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de la Función Pública abrió siete investigaciones contra el que fuera el superdelegado del Gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí, quien podría enfrentar cargos por cohecho, enriquecimiento oculto, conflicto de interés y tráfico de influencias.

Las indagatorias se dieron a conocer tres días después de que el ex funcionario presentó su renuncia, en medio de señalamientos y acusaciones por la operación de una red de empresas de su propiedad que se han beneficiado de contratos públicos para la compra de medicamentos.

Ayer, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, informó que las pesquisas, iniciadas desde el pasado 22 de mayo, podrían derivar en sanciones de carácter administrativo, pero también penal.

"La Secretaría tiene en curso no una, sino siete investigaciones que ya arrojan indicios y datos de posibles conductas irregulares", dijo.

"De esas siete investigaciones que hoy reportamos, cuatro se realizan sobre las empresas relacionadas con el ciudadano Carlos Lomelí Bolaños y tres más se realizan sobre las conductas contrarias a la legalidad, posiblemente atribuibles al investigado que son sancionables a través de procedimientos administrativos disciplinarios".

-- ¿Todo es materia administrativa, nada penal?, se le preguntó.

-- "No, no, no, también derivado de nuestras investigaciones podríamos dar también vista a autoridad penal competente".

Desde Palacio Nacional, la funcionaria explicó que las indagatorias contra Lomelí fueron realizadas por instrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador desde hace casi dos meses.

Sin embargo, reconoció que fue hasta el pasado 8 de julio cuando se pidió al coordinador de los superdelegados de todo el País, tomar "medidas preventivas", lo que derivó en la renuncia de Lomelí, presentada cuatro días después.

"A través de un oficio, fechado el 8 de julio de 2019, y por instrucciones del señor Presidente de la República informamos al licenciado Gabriel García Hernández de nuestras investigaciones y de la necesidad y conveniencia de tomar medidas preventivas", señaló.

Sandoval detalló que, para realizar las indagatorias, se recabó información de las secretarías de Hacienda, Salud y Función Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera y las contralorías de cinco estados de la República.

Explicó que, con base en los primeros hallazgos, se puede determinar que "podrían llegar a actualizarse conductas" para ser sancionadas con base en los artículos 52, 58, 60 y 61 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La funcionaria puntualizó que, por tratarse de faltas administrativas graves, las sanciones que podría imponer el Tribunal Federal de Justicia Administrativa podrían ir desde la destitución, sanción económica y la inhabilitación del funcionario hasta por 20 años para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en la administración pública.

Lo que sigue

Cuestionada sobre el destino que tendrán los contratos que firmaron entes públicos con las empresas de Lomelí, Sandoval planteó, inicialmente, que se podría aplicar la Ley de Austeridad Republicana, en la que se establece que, de registrarse irregularidades, los contratos perderían validez.

Sin embargo, momentos después reconoció que el precepto no procedería en este caso, ya que esa disposición aún no ha sido aprobada por el Congreso y no hay manera de hacer uso retroactivo de la misma.