Violencia familiar ya se persigue por oficio: Valeria Santiago

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EN CHIAPAS MUCHOS CASOS de violencia familiar no siguen su curso ni se concluyen porque a veces la víctima desiste de la demanda

“No sólo se perseguirá en el ámbito familiar, sino que abarcará además  las relaciones de noviazgo, los famosos free, amigovios y todos los términos modernos que se maneja actualmente por los jóvenes”

 

En Chiapas muchos casos de violencia familiar no siguen su curso ni se concluyen porque a veces la víctima desiste de la demanda, ya sea porque otorgó el perdón o  por temor a ser nuevamente violentada por el agresor.
La diputada Valeria Santiago Barrientos, destacó que  con las reformas  al Artículo 198, 199 y adiciones al Artículo 200 y 2002 el delito de violencia familiar se perseguirá  por oficio y no por petición de las partes.
Con ese logro, explicó, se garantizará  mayor protección a las mujeres  y a la familia; sin embargo va más allá de la esfera familiar, es decir que también  garantizará protección a las mujeres que tengan algún tipo de relación libre con su pareja.
“No sólo se perseguirá en el ámbito familiar, sino que abarcará además  las relaciones de noviazgo, los famosos free, amigovios y todos los términos modernos que se maneja actualmente por los jóvenes” destacó.
Es un avance jurídico muy importante, aseguró, puesto que pone a Chiapas a la vanguardia en la protección de las mujeres y la familia, además se espera que con estos se puedan prevenir los feminicidios.
La reforma a dichos Artículos entró en vigor en días pasados y se espera que  con el curso de los días se desarrollen mesas de trabajo para darle seguimiento a los casos que se pudieran registrar.
Por su  parte, la titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Gabriela Zepeda Soto, mencionó que la violencia familiar es el delito que más se denuncia en Chiapas, sin embargo por no existir una marco jurídico que persiguiera de oficio la mayor parte de los casos quedaban impune. 
“Que bueno que se va arrancar de raíz de manera integral. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana atiende este tema desde dos vertientes: tenemos unidades especiales para atender el delito de violencia intrafamiliar y se refuerza con patrullajes de acuerdo al mapa de mayor incidencia” destacó.
Desde el punto de vista preventivo, añadió, se realizan  terapias de contención y medidas de  proteccioń cuando lo mandata el Ministerio Público; además se hacen visitas domiciliarias como parte del mandato.

ABUSO, AGRESIONES, VIOLENCIA, LO QUE ARROJÓ CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL REALIZADA POR EL INE


Se necesita de políticas públicas para atender problemas de violencia, abuso sexual, agresiones, discriminación, que muchos de los niños, niñas y adolescentes están viviendo desde el hogar, además de bullying en las escuelas, afirmó Luis Adrián Rodríguez Álvarez, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Distrito 12 en el estado de Chiapas del Instituto Nacional Electoral (INE).
Precisó que del 17 al 25 de noviembre se desarrolló en todo el país la 8ª Consulta Infantil y Juvenil, que es un ejercicio de participación que se realiza cada tres años, en esta ocasión se abordó un tema específico para que los niños entre 6 y 17 años puedan dar su opinión, en esta ocasión fue perspectiva de género y derechos humanos.
Participaron estudiantes de escuelas primarias, secundarias, preparatorias, públicas y privadas, así como en plazas públicas, plazas comerciales, parques, centros deportivos y en el Distrito 12 hubo la participación de casi 20,000 niñas, niños y jóvenes.
Dijo que con los resultados han iniciado acercamiento con autoridades de los tres niveles de gobierno, sobre todo porque hay datos muy crudos, como casos de violencia, abuso sexual, maltrato, discriminación y se necesita de políticas públicas para atender esta problemática que es una realidad que están viviendo a diario niños, niñas y adolescentes.
Un diez por ciento dijo que su hogar es el lugar más inseguro para ellos, y la escuela en algunos casos, por lo que dijo que buscan el acercamiento con el DIF, organismos de deportes, entre otros, para buscar soluciones con propuestas concretas.

LA POBREZA DETRÁS DE LA CANASTA DE UN PEQUEÑO VENDEDOR DE DULCES


Un niño indígena que llora inconsolablemente mientras un funcionario público le obliga a tirar de una canasta los dulces que vendía, es la imagen que ha indignado a miles de personas en México por el trato que recibió el menor por parte de las autoridades. Sin embargo, no ha sido igual el repudio a las condiciones de pobreza que mantienen al pequeño y a tres millones de niños en México trabajando en las calles del país.
Feliciano Díaz, de 10 años de edad, vendía dulces y cigarros en el centro de Villahermosa (Estado mexicano de Tabasco, al sureste del país) para pagar los útiles escolares del ciclo escolar que comienza en septiembre. Llegó a la ciudad a principios de julio procedente de San Juan Chamula, en el vecino Estado de Chiapas, una comunidad perteneciente a la etnia tzotzil y donde las condiciones de alta pobreza obligan a sus habitantes a emigrar para trabajar. El niño salió por primera vez del pueblo acompañado de su abuela para visitar a su tía Gloria, una vendedora ambulante, que le ayudó a montar la canasta para llevar los dulces para vender.
El martes, Feliciano caminaba por las calles de Villahermosa con su canasta cuando Juan Diego López Jiménez, un funcionario del Ayuntamiento encargado de supervisar el comercio, lo detuvo y le pidió que tirara todos los dulces al suelo y le entregara tres cajetillas de cigarros que también ofrecía a la venta. El niño lloraba y se deshacía de la mercancía a regañadientes del funcionario mientras un transeúnte grababa con su teléfono móvil la escena que después circularía sin control por las redes sociales.
Los 36 segundos que dura el vídeo han sido suficientes para desatar durante varios días la indignación de miles de personas e iniciar un seguimiento mediático en la prensa nacional que poco habla sobre las condiciones del trabajo infantil en el país. Como el pequeño de diez años, en México unos tres millones de infantes, de entre 5 y 17 años, tienen que trabajar para cubrir algún gasto básico o para apoyar económicamente a sus familias, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI). También como él, una cuarta parte de estos menores trabajadores lo hacen para pagar gastos relacionados con la escuela y un 20,7% logra trabajar en el comercio, principalmente informal.
Las estadísticas en México señalan que el trabajo infantil ocurre, como en el caso de Feliciano, con mayor frecuencia en los estados del sur y centro del país. El INEGI reconoce que la niñez indígena en América Latina es dos o hasta tres veces más vulnerable al trabajo infantil que el resto de los menores en la región. “La tasa de participación de los indígenas de 10 a 14 años alcanza el 90% y la mayor parte son trabajadores no remunerados, dada la tradición sociocultural que obliga a la realización de trabajo comunitario y familiar”, señala el módulo de trabajo infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2011.
Como ha ocurrido en otros casos polémicos difundidos por Internet, donde han estado involucrados funcionarios públicos, la respuesta de las autoridades mexicanas ha sido consecuencia de las críticas ciudadanas. Juan Diego López Jiménez, el supervisor que humilló al chico ha sido cesado de su cargo y la Fiscalía de Tabasco ha abierto una investigación en la que lo acusa de abuso de autoridad y robo con violencia moral. Y Carmen Torres Díaz, una funcionaria municipal que acompañaba a López y observaba la escena sin objetar, ha sido acusada de omisión.
La miseria en la que Feliciano vive no la oculta esta historia, ni su madre Andrea Díaz, quien a través de conocidos se ha enterado del periplo de su hijo mayor. A pesar de que el vídeo ha aparecido en televisión, ella no lo ha visto porque no tienen un aparato en casa, donde cuida a sus otros tres hijos. Tampoco tiene recursos para ir por él a Villahermosa, y menos para comunicarse con el chico. Como casi la mitad de México -alrededor de unos 52 millones de personas- la familia del menor vive en la pobreza, además de que el padre emigró a Estados Unidos.

LA VIDA EN UN CUARTO DE 12 METROS CUADRADOS EN MÉXICO


Patricia Santiago está sentada frente a una pequeña mesa de manteles claros hasta la que llegan las ráfagas de un sol brillante que barniza las pequeñas casas de La Cuesta, un asentamiento irregular del Estado de México. La joven cuenta los orígenes de la colonia que surgió a la par del nuevo milenio y dirige la vista al piso de cemento que recubre su casa para señalar con su dedo índice el motivo del problema que les ha impedido el progreso en esta tierra a la que se aferran y han defendido sin tregua desde que ella era una niña.
—Aquí debajo pasan unos ductos de Pemex (petróleos mexicanos) y nos dicen que no pueden rascar para ponernos agua o drenaje porque es riesgoso —cuenta la joven de 30 años y temple pausado.
El barrio donde ella vive se ubica en Ecatepec, el municipio más grande de la entidad más poblada del país. Ahí, en La Cuesta, viven unas 130 familias distribuidas en unas 80 casas construidas sobre un terreno rocoso, donde no hay pavimentación ni servicios públicos. La colonia donde vive Patricia es catalogada por las autoridades como un conglomerado irregular donde las personas ocupan el suelo sin autorización y al margen de los planes de desarrollo urbano. El crecimiento de estos asentamientos se acentúa porque la población de bajos ingresos carece de medios para acceder al mercado formal de vivienda y la única alternativa de suelo barato que se puede obtener es en las zonas no permitidas para el uso habitacional.
En La Cuesta las casas son producto de la autoconstrucción, el proceso mediante el cual una familia o un grupo de vecinos se aboca a edificar su propia vivienda, avanzando en la medida que disponen de recursos. “La falta de capacitación de las personas que construyen el hogar, deriva en viviendas deficientes, donde el uso de ciertos materiales o formas de construcción pueden ser dañinos para la salud y hay mala administración del espacio”, se expone en un estudio gubernamental sobre la vivienda.
Patricia, su esposo y sus dos pequeños hijos viven con sus papás en una casa compuesta por dos cuartos de unos doce metros cuadrados cada uno. Ahí también habita su hermana Ana Silvia, su esposo y su niño de 6 años. En la primera habitación —hecha con tarimas (tablas) y tapizado con cartón pintado de blanco— hay una mesa con un par de sillas y los electrodomésticos básicos. En la esquina hay una cama y del techo cuelgan unas cortinas que ahora están atadas pero que en la noche se deslizan para simular una habitación privada. En el segundo cuarto hay dos camas, también separadas por unas telas, que se reparten las dos hermanas con sus esposos y sus hijos.
—Es difícil porque cada familia quiere su espacio y su privacidad, sobre todo cuando los niños van creciendo. Mi niña me dice que quiere un cuarto para ella solita y hay veces que quiere escuchar la música a todo volumen, pero a su tía le molesta porque despierta al otro niño —ejemplifica Patricia con un dejo de resignación en sus palabras.
Las condiciones en las que vive esta familia ejemplifican el rezago habitacional.En México 34 millones de personas residen en viviendas con hacinamiento (cuando en un cuarto viven más de dos personas) o casas construidas con materiales deteriorados o deficientes como cartón, lámina, carrizo o palma, según el último diagnóstico elaborado por el Centro de Investigación y Documentación de la Casa y la Sociedad Hipotecaria Federal difundido en 2016. Las entidades con el mayor rezago son Veracruz, Chiapas, Estado de México, Oaxaca y Baja California.
A pesar de que en México se incluyó hace más de 30 años en la Constitución el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna y decorosa, lo que ha prevalecido es el concepto de la vivienda como mercancía, explica Daniel Rodríguez Velázquez, experto en temas de ordenamiento territorial y desarrollo regional. “En un país pobre esa idea no funciona porque no contamos con altos niveles de ingreso ni estabilidad en el empleo, si estuviéramos en Suiza o Islandia si funcionaria el mercado”, expone.
Las problemas de vivienda en la capital
Desde que Juana Arce tiene memoria ha vivido en espacios tan pequeños que ni siquiera se ha atrevido a imaginar cómo sería la vida en una casa de más de 16 metros cuadrados. Su vivienda, una construcción de dos cuartos con paredes rosas, está ubicada en un callejón de la delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Los muros antes eran de láminas, pero luego fueron reemplazados por ladrillos. El piso de tierra lo recubrieron con cemento que les otorgó un programa del gobierno federal. El techo es de asbesto y de retazos de lonas que han pepenado tras las campañas electorales. La vida de Juana transcurre en dos habitaciones de unos 12 metros cuadrados donde se acomoda con su esposo, sus tres hijos y sus dos nietos a realizar las actividades cotidianas: desayunar, almorzar y ver televisión. En la noche, los siete integrantes de la familia, comparten una habitación donde hay dos camas: una matrimonial y una litera.
—Ahora sí que aquí nos tocó vivir y qué le vamos hacer —dice la mujer de 63 años con el semblante consumido por los años. Frente a ella, su esposo José Manuel Ortiz desvía la mirada con timidez y cuenta que no tiene un empleo formal porque las empresas no contratan hombres mayores. Antes laboraba de chofer en una lavandería y ahora realiza trabajos de herrería y mecánica.
—Sí nos gustaría hacer la casa más grande para acomodarnos mejor, pero cómo, si apenas nos alcanza para comer –afirma la mujer que repasa la vivienda con la mirada mientras enumera los cambios que le ha ido haciendo.
—Antes estaba todavía más chiquita y era de cartón —interviene José mientras palpa con las manos las paredes. —Cuando hay campañas si apoyamos a algún partido nos dan pintura o láminas y ahí es cuando hemos aprovechado para hacerle mejoras—admite con vergüenza.
La vivienda la heredó Juana de su madre, quien invadió el predio hace más de 50 años. Cuando ella y José se casaron, se mudaron ahí: un cuarto construido con materiales de desecho sobre un callejón oscuro, donde compartieron el breve refugio con el resto de la familia. Pronto llegaron los hijos y las deudas, y el sueño de independizarse nunca se cumplió. Al callejón, con el paso de los años, llegó la electricidad y el pavimento. “Aquí por lo menos no pagamos renta. Váyase unas cuadras más allá y verá que hay rentas de miles de pesos”, dice uno de los hijos.

 

Con ese logro, explicó, se garantizará  mayor protección a las mujeres  y a la familia; sin embargo va más allá de la esfera familiar, es decir que también  garantizará protección a las mujeres que tengan algún tipo de relación libre con su pareja.

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