Endosa Segego a fiscalía lío en San Dionisio

Los retenidos en San Dionisio Ocotepec

La tensa situación que se vive en San Dionisio Ocotepec, Tlacolula, en donde la población mantiene retenidas a 15 personas, conjuga la comisión de delitos que requiere la intervención de la fiscalía, y no la existencia de un conflicto agrario o político de competencia de la Secretaría General de Gobierno (Segego).

El presidente de la Junta de Conciliación Agraria de la Segego, Joaquín Santos Rodrigo, explicó que la retención de personas derivó de un conflicto entre la comunidad de San Dionisio y la familia Monterrosa, quienes se dedican a la actividad empresarial en Puebla, pero con infraestructura en Ocotepec, bajo un contrato de arrendamiento sobre 320 metros cuadrados, el cual no se renovó desde 2018.

En el predio la familia Moterrosa construyó una especie de parador turístico en donde había una galera y exhibidores de bebidas alcohólicas, además de una antena de radiocomunicación en la punta de una loma, área fuera de los metros arrendados.

Al no obtener ningún pago en 2018 y 2019, la comunidad acudió ante la Procuraduría Agraria a ventilar el conflicto y suscribir una minuta de trabajo en donde establecieron un plazo para que la familia Monterrosa cubriera los adeudos y se pusieran al corriente.

La advertencia fue que en caso contrario, mediante asamblea, autorizarían la destrucción del lugar. La Segego, sostuvo, intervino para intentar conciliar y encontrar una salida que evitara la confrontación.

Sin embargo la amenaza se cumplió el pasado domingo siete de julio de 2019, cuando acudieron con maquinaria pesada para quitar la antena y parte del parador turístico.

A su vez, expuso, la familia Monterroso envió a 17 personas para tratar de impedir la destrucción sin embargo eran superados en número y quedaron retenidos. De acuerdo con lo reportado a la Segego, dichas personas portaban armas exclusivas del ejército.

En este sentido, expuso, ambas partes incurrieron en delitos, por un lado los habitantes en daños en propiedad ajena y por otro las personas retenidas en portación de armas, de tal manera que no compete a la Segego intervenir porque sería negociar la impunidad de aquellos delitos.

“Nosotros no podemos negociar con gente que cometió delitos, quien tiene que intervenir es otra instancia”, declaró.

Mientras tanto, este jueves se cumplen cinco días del conflicto, en donde familiares de las personas retenidas aseguran que éstas desconocían que era zona de conflicto y rechazaron que fueran armados, a su vez habitantes de la localidad emitieron un comunicado en el que convocan a “firmar un acuerdo de paz y seguridad a fin de que se genere armonía en la comunidad”.