Lavado en salud y corrupción tras sismo

Mario Jiménez LeyvaMario Jiménez Leyva

Presumen desvíos y corrupción con recursos destinados a damnificados y reconstrucción por los sismos

El titular de Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, reconoció que en Oaxaca investigan casos vinculados a lavado de dinero y actos de corrupción por los sismos de septiembre del 2017.

“Oaxaca es un estado que presenta problemáticas de lavado de dinero evidentemente, pero no como otros espacios geográficos del país”, expresó.

También aseveró que están en proceso de revisión por los sismos tanto del 7 como del 19 de septiembre del 2017, “en cuanto a temas vinculados con posibles actos de corrupción, pero no solamente en Oaxaca sino también a nivel nacional”. 

Cero tolerancia

En la sede del Poder Legislativo, dijo que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ha mandado un mensaje de cero tolerancia a la corrupción, por lo que la unidad de inteligencia investiga estos ilícitos en donde se presenten, con independencia del lugar y orden de gobierno implicado. “Caiga, quien caiga”.

Aseguró que incluso se investiga a sindicatos, organizaciones civiles y partidos políticos por acto de lavado de dinero, cuyos recursos se destinan a campañas políticas o al enriquecimiento de servidores públicos.

Momentos antes de impartir la conferencia magistral Lavado de dinero, corrupción e impunidad, en el salón del pleno del Congreso local, manifestó que la instrucción que tiene la unidad es que se generen todos los casos para que se denuncien ante la Fiscalía General de la República, las fiscalías y procuradurías de las entidades de la República, ante la Secretaría de Función Pública federal y a nivel estatal, a fin de que estos lleguen hasta los tribunales.

Antídotos a corrupción

Comentó que la corrupción se debe combatir por dos vías: la prevención para que las personas conozcan las tipologías que se han estado descubriendo por parte del Estado mexicano y, dos, con el combate, que implica llevar casos a los tribunales para que se impongan sanciones; la inhabilitación en el ámbito administrativo y las sanciones en el ámbito penal, para poder mandar un mensaje de que en México no se tolera la corrupción y la impunidad.

Dijo que la prioridad de las investigaciones de lavado de dinero son los relacionados con actos de corrupción, robo de hidrocarburos, y empresas fachadas y factureras. “Parte de la corrupción del país se ha generado a partir de empresas fachadas que son contratadas en los ámbitos federales, estatales y municipales y que terminan desviando los recursos a procesos electorales o al ámbito de los patrimonios particulares de los servidores públicos”.

Manifestó que en el 2016 el 6.8 por ciento del Producto Interno Bruto del país se perdía en el tema relacionado con la corrupción, pero en el 2018 fue mayor, por lo que se requiere que este año disminuya sensiblemente, “pero la mejor forma de hacerlo es a partir de la coordinación de la federación, los estados y los municipios, así como la articulación de los sistemas nacional y estatales de combate a la corrupción”.

Huachicoleo

Nieto Castillo también destacó que el robo de hidrocarburos es un grave problema para el país aunque se ha logrado disminuir en un 94 por ciento, por lo que de tener pérdidas de 80 mil millones de pesos anuales se está viviendo un proceso de recuperación de seguridad de los ductos de Pemex, en beneficio del Estado mexicano.

Sostuvo que en el caso de la empresas fachadas o factureras el Sistema de Administración Tributaria (SAT) calcula 324 mil millones de pesos perdidos en evasión fiscal a partir de este tipo de empresas, aunque la Procuraduría Fiscal de la Federación tiene cifras más altas, lo que demuestran que hay una problemática grave respecto al desvío de recursos públicos para fines de naturaleza personal. 

Estrategia nacional

Señaló que por ello es necesario generar una estrategia nacional anti lavado de dinero, lo que implica vincular los sistemas estatales y nacionales anticorrupción con la parte de inteligencia financiera, por lo que es necesario crear las unidades de inteligencia patrimonial y económica de las entidades federativas. 

“Lo anterior porque nos preocupa mucho la proliferación de empresas fachadas y el desvío de recursos públicos que terminan impactando en lo electoral y en la concentración de riqueza en personas vinculadas con actores políticos claves en el ámbito federal, estatal o municipal; necesitamos que esto se revierta y la única forma de hacerlo es a partir de la coordinación y colaboración institucionales”.