Ordenan al Estado a velar por migrantes

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En el contexto del endurecimiento de las medidas de control de la migración centroamericana en el país, el Congreso local aprobó ayer una reforma al artículo 12 constitucional que obliga al Estado a velar por el respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes, tanto nacionales como extranjeros, y brindar asistencia integral a ellos y sus familias.

Esto independientemente de su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria; con especial atención a menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes, personas de la tercera edad y víctimas del delito.

En sesión extraordinaria, los legisladores también establecieron en la Carta Magna que el gobierno estatal fortalecerá las diversas manifestaciones de identidad cultural de la población indígena y afromexicana migrante en los lugares de destino, con acciones que fortalezcan la vinculación familiar y comunitaria de esta población.

El dictamen establece la necesidad de reformar nuestra Constitución para garantizar los derechos humanos universales de los migrantes, tanto nacionales como extranjeros, sin importar su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria para estar en armonía con la Constitución federal, instrumentos internacionales, declaraciones y acuerdos que el Estado Mexicano ha firmado y ratificado, ya que en efecto los derechos humanos se definen como el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada.

Añade que la Convención Americana de Derechos Humanos establece la obligación de respetar los derechos; los estados partes de esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen, nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Así como garantizar el derecho de circulación y residencia, toda vez que precisa que en ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal estén en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas.

Respeto y seguridad

Dice que de igual manera la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias, la cual fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1990 y ratificada por México el 8 de marzo de 1999, establece que los Estados partes se comprometen, de conformidad con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, a respetar y asegurar a todos los trabajadores migratorios y sus familiares que se hallen en su territorio o sometidos a su jurisdicción los derechos previstos en la convención, sin distinción alguna por motivos de raza, color, idioma, religión, opinión política o de otra índole.

Agrega que por su parte la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, religión, opinión, política o de cualquier otra condición.

Además no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio, de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.