Acusan parcialidad de la Fiscalía en conflicto de Cajonos

Mario Jiménez LeyvaMario Jiménez Leyva

Familiares de los dos desaparecidos de San Miguel Cajonos, Álvaro Bernardo Reyes Cruz y Federico Cruz Morales, acusaron que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) está favoreciendo a San Pedro Cajonos, ante la detención del presidente del Consejo de Vigilancia del Comisariado de Bienes Comunales, Alfonso Martínez Jiménez.

“Lo están culpando de ser uno de los autores materiales del asesinato de dos vecinos de esa comunidad, cuando él es totalmente inocente”, afirmó Arturo Ortega Santaella, cuñado de Cruz Morales.

El 27 de diciembre del 2017, Reyes Cruz y Cruz Morales, presidente del Comisariado de Bienes Comunales y secretario del Consejo de Vigilancia, respectivamente, fueron retenidos y posteriormente desaparecidos por pobladores de San Pedro Cajonos, después de ser agredidos en el bosque, en inmediaciones del paraje Las Calaveras.

Aunque en los hechos, también murieron dos habitantes de San Pedro Cajonos, Pablo Santiago González y Daniel Bautista Cruz.

Ortega Santaella expuso que la FGJE criminalizó al presidente del Consejo de Vigilancia porque tomó en cuenta señalamientos y acusaciones falsas de dos supuestos testigos.

“No pudo haber accionado un arma, porque él fue golpeado y dejado inconsciente en el monte con fractura del brazo y del tabique nasal. Él es inocente”, señaló.

Además, destacó que la FGJE se comprometió en varias mesas de trabajo a aplicar sin distingos la justicia tanto en San Miguel, como en San Pedro Cajonos.

“Nos dijeron que se haría en los dos pueblos, pero vemos que nos está cargando la mano”, agregó.

De esta manera, destacó que la desaparición de Reyes Cruz y Cruz Morales aún sigue en la impunidad, porque la FGJE ha parcializado la justicia en favor de San Pedro Cajonos y no se ha castigado a ninguno de los responsables.

“Han pasado 15 meses y no se ha esclarecido hasta ahora el caso, ni están en la cárcel quienes se los llevaron”, apuntó.

Ante esto, dijo que San Miguel Cajonos asumirá la defensa jurídica del presidente del Consejo de Vigilancia, al estar encarcelado injustamente durante el desempeño de un cargo otorgado por la comunidad.