Imputan a defensores tráfico de personas

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Acusa de tráfico de personas a los dos defensores de los derechos de migrantes.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa de tráfico de personas a los dos defensores de los derechos de migrantes que fueron detenidos ayer en la Ciudad de México y en Sonora.


Cristóbal Sánchez, fundador del Colectivo de Cultura Migrante, fue capturado afuera de su casa, en Xochimilco, Ciudad de México, mientras que Irineo Mujica, de Pueblos Sin Fronteras, fue detenido en Sonoyta, Sonora.


"La acusación se basa en testimonios, pero son testimonios que los señalan que estuvieron involucrados en hechos en la frontera (sur de México) en fechas en que los dos estaban en la Ciudad de México", comentó Adriana Salcedo, investigadora de la organización civil LIS.


Ambos activistas, a los que los detuvieron agentes ministeriales vestidos de civil, fueron trasladados este jueves a Tapachula, Chiapas, donde serán procesados.


Después de su detención, Cristóbal Sánchez fue llevado a la Subdelegación Zona Centro de la FGR, en Camarones, donde habló con sus abogados, pero no pudo ver a su familia.


En tanto, a Irineo Mujica primero lo presentaron en la delegación de la FGR en Sonoyta y al poco tiempo lo llevaron a Hermosillo.


En entrevista, Ramiro Sánchez, hermano de Cristóbal, afirmó que es la segunda ocasión en que su hermano es detenido por las labores de activismo que realiza.


"Está viviendo un proceso infundado, inventado; estamos decepcionados de esta cuarta transformación", comentó.


Ramiro Sánchez consideró que la detención de su hermano se debe a las presiones del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia México.
"Trump está pidiendo cabezas, de quienes sean los directamente responsables de las caravanas, y aquí no quiere decir que mi hermano sea directamente responsable, pero él tiene conocimiento de cómo hacer ese tipo de marchas desde Chiapas hasta Mexicali", comentó.


"Él apoyaba (a los migrantes) en una cuestión humanitaria respaldado por derechos humanos y algunas asociaciones que se dedican a ayudar a los migrantes; son dos personas que dirigen caravanas y los agarran el mismo día".
Para Adriana Salcedo, las detenciones son un intento de demostrar fuerza del Estado mexicano en lo que Donald Trump quiere: parar el flujo migratorio.

 

BLOQUEAN CUENTAS LIGADAS A TRÁFICO

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de 26 personas físicas y morales por su presunta participación en la organización ilegal de caravanas migrantes.
En coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y otras agencias del Gobierno federal, las cuentas fueron bloqueadas por estar presuntamente vinculadas con el tráfico de migrantes, informó la Secretaría de Hacienda en un comunicado.
"La UIF ha instruido la inclusión de 26 personas a la Lista de Personas Bloqueadas, por su probable vinculación con el tráfico de personas migrantes y apoyo ilícito a caravanas migrantes".
Según se explica, como resultado de las investigaciones de la UIF se obtuvo información de los transmisores de dinero y se identificó un grupo de personas con operaciones inusuales desde Chiapas y Querétaro, con países identificados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) como jurisdicciones de riesgo.
"Con base en la ruta que siguió la caravana migrante, que partió en la frontera sur de México, se detectó una serie de operaciones y transferencias financieras desde Querétaro hacia seis ciudades en la frontera con Estados Unidos de América, que son Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Piedras Negras y Reynosa", señala el documento.
La dependencia detalló que a través de la metodología empleada se presume el pago ilegal por tráfico de migrantes, debido a que se reveló relación entre el paso de las caravanas migrantes y los depósitos en dispersores de dinero realizados a las ciudades citadas, provenientes de El Salvador, Honduras, Guatemala, Camerún, Estados Unidos e Inglaterra.
De acuerdo con la Unidad, se presentarán las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República.
Con esto, indica el comunicado, se refrenda la política de combatir frontalmente las estructuras económicas de los traficantes de personas.

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