Restituye Fiscalía 464 hectáreas más en San Fernando y Berriozábal

Fiscalía General del Estado (FGE)Fiscalía General del Estado (FGE)

FUERZAS DE SEGURIDAD coordinadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) cumplimentaron esta mañana una orden judicial de desalojo de 464 hectáreas en los municipios de San Fernando y Berriozábal.

Se trata de los predios La Candelaria I y II, El Paraíso, El Peñasco I, Fracción El Peñasco y Fracción Montecristo, los cuales permanecían invadidos desde 2010.

 

Fuerzas de seguridad coordinadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) cumplimentaron esta mañana una orden judicial de desalojo de 464 hectáreas en los municipios de San Fernando y Berriozábal, las cuales permanecían invadidas por un grupo de personas desde 2010, informó el Fiscal General Jorge Luis Llaven Abarca.


Acompañado por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto; el Fiscal de Coordinación, Jordán de Jesús Alegría Orantes y el Fiscal de Procedimientos Penales, Jorge Segismundo Rotter Díaz, dio a conocer que se trata de los predios denominados La Candelaria I y II (municipio de San Fernando) y El Paraíso, El Peñasco I, Fracción El Peñasco y Fracción Montecristo (municipio de Berriozábal), donde se localizaron casas de material de lámina, cartón, nylon y concreto, cuyos ocupantes se retiraron de manera voluntaria de las áreas invadidas.


El responsable de la procuración de justicia en Chiapas resaltó que con esta restitución también se logró el libre tránsito de los propietarios que desde la fecha de invasión no podían usufructuar y gozar de la posesión y de la propiedad de sus bienes que destinaban para la producción agrícola y ganadera.


Detalló que hasta el momento 120 personas han sido vinculadas a proceso y 2 mil 866 hectáreas recuperadas durante los operativos de desalojo en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Jiquipilas, Ocozocoautla y San Fernando, entre ellos las áreas naturales protegidas de Cerro Brujo (mil 27 hectáreas), Villa de Allende (386 hectáreas) y Parque Nacional Cañón del Sumidero (21 hectáreas).


Llaven Abarca subrayó que el operativo ejecutado con más de mil elementos federales, estatales y municipales, así como con personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se llevó a cabo de acuerdo con el Protocolo de Desalojos, con absoluto respeto a los derechos humanos y de manera pacífica.


Finalmente, resaltó que estos temas se han atendido de manera eficaz en la mesa de seguridad que encabeza todos los días el gobernador Rutilio Escandón Cadenas en Palacio de Gobierno, junto con autoridades federales, estatales y municipales, con el fin de fortalecer el Estado de derecho y garantizar la seguridad jurídica y la paz en la entidad.

 

FISCALÍA REINGRESA A FEMINICIDA LIBERADO EN FEBRERO POR UN JUEZ


Por otra parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) informa que el día de hoy por la mañana fue legalmente ingresado Jimmy Virgilio “N” al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número 14 “El Amate”, para continuar su proceso penal por el delito de feminicidio cometido en agravio de quien fuera su pareja Wendy Lizzet Ochoa Méndez, en cumplimiento a una orden de reaprehensión dictada como consecuencia de la revocación de la libertad que en apelación realizó la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Penal.
La recaptura se realizó dentro de los márgenes de legalidad, ya que fue localizado en el interior de un domicilio al que se pudo entrar gracias a una orden de cateo concedida por un Juez de Control a petición del Ministerio Público, por lo que una vez localizado y detenido se le hizo saber una vez más sus derechos y se le concedió la oportunidad de realizar una llamada a un familiar o persona de confianza, garantizando con ello el cumplimiento de las normas.


Ahora la defensa del inculpado y la Fiscalía General del Estado, por conducto de la Fiscalía de Homicidios y Feminicidios tendrán por igual la oportunidad de aportar nuevas pruebas a la causa penal para que sean consideradas por el Juez del Ramo Penal al momento de juzgar a Jimmy Virgilio “N”, quien gozará de los derechos de defensa adecuada y presunción de inocencia; sin embargo, los familiares de la víctima igualmente podrán constituirse como coadyuvantes del Ministerio Público y colaborar con la investigación con el objetivo de lograr una sentencia condenatoria que imponga una pena que puede alcanzar hasta sesenta años de prisión.


Este Feminicidio indignó a la sociedad chiapaneca no sólo por la privación de la vida por razones de género, que ya por sí es un hecho grave, sino además por los medios por los cuales el agresor intentó deshacerse del cuerpo de la víctima, mostrando un total desprecio por la figura humana, por ello su liberación en el mes de febrero motivó un combate legal a través del recurso de apelación, en el que se hizo valer la necesidad de que Juezas y Jueces apliquen la normatividad con una perspectiva de género, combatiendo la impunidad, ya que este tipo de hechos suelen ocurrir regularmente sin la presencia de testigos y por eso es necesario recurrir a otras técnicas de investigación para el esclarecimiento de los hechos.


La Fiscalía General del Estado, que encabeza Jorge Luis Llaven Abarca, celebra el reinicio del proceso penal en contra de este inculpado y refrenda una vez más su compromiso con los familiares de la víctima para lograr una sentencia condenatoria y trabajar de manera conjunta, con el objetivo de hacer justicia y consolidar el Estado de derecho, reiterando que los feminicidios son un tema prioritario en la agenda de la Fiscalía y que serán investigados atendiendo los lineamientos establecidos en las determinaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como litigados ante los tribunales hasta las últimas consecuencias, para derrotar a la impunidad.

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