Sin dientes, el sistema estatal anticorrupción

Alistan Política Estatal en la materia
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Adán Cordoba rindió protestas como Presidente del CPC y, en consecuencia, del Sistema, en sustitución de María Isabel Chagoya Méndez, en enero pasado.

El Sistema Estatal Anticorrupción "está tullido", pues sus componentes carecen de recursos económicos y tienen deficiencias en sus estructuras normativas y organizacionales.

El presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Adán Córdova Trujillo, señala que para atender estas deficiencias construirán con la sociedad civil, instituciones académicas, especialistas y los poderes del estado, la Política Estatal Anticorrupción. Es decir dotarán de muletas al inválido.

Comenta que para esto realizarán ocho foros regionales y derivado de ellos se analizarán las problemáticas y propuestas, para que a través de una metodología se determine cuáles son los problemas que aquejan a los oaxaqueños, las principales prioridades y cuáles las posibles alternativas.

“La metodología que se utiliza en la elaboración de los planes nacionales y estatales de desarrollo es muy parecida a la que emplearemos en la construcción de esta política pública de combate a la corrupción, lleva la mismos elementos porque además tiene que ir alineada al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Estatal de Desarrollo y, evidentemente, a los objetivos trazados en el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción”.

Definir las necesidades

Córdova Trujillo manifiesta que la política estatal anticorrupción es necesaria para definir las necesidades de los órganos integrantes del sistema, “a fin de dotarlos de los recursos materiales, financieros, humanos, especializados, para que puedan cumplir con su función”.

“Porque tenemos casos como el Instituto Estatal de Transparencia y el Acceso a la Información Pública (IAIP), el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca o la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción a los que se les han sumado más funciones pero no crecen estructuralmente, ni mucho menos financieramente”.

Subraya que el Sistema Estatal de Combate la Corrupción no tiene problemas en cuanto al alcance de la ley, “sino el que las instituciones que tienen la función de combatir la corrupción se ven limitadas porque, primero tienen que desarrollar sus funciones primarias y, segundo, las del combate a la corrupción”.

Explica que este plan permitirá al Congreso y el Poder Ejecutivo evaluar las acciones en materia de combate a la corrupción, “para conocer qué se pretende alcanzar, qué acciones se van a desarrollar, para poder evaluar cuánto recursos le van a asignar a una institución, para qué se lo asignan y, al final, si se alcanzaron los objetivos, si los recursos fueron suficientes o se necesitan más o bien ya alcanzó los objetivos y hay que recortarles”.

Añade que una vez que se entregue la política al Poder Ejecutivo esperan que se tomen las medidas conducentes en cuanto a las facultades que le correspondan, de presupuesto, al igual que el Congreso porque aún existen deficiencias legislativas.

-¿Pero no se quedará todo en el papel?

-Muy seguramente esto puede pasar, que se haga un buen trabajo con la ciudadanía, con las instituciones, con los académicos y los expertos y que al final no pase nada; eso también ya nos lo ha dado la experiencia pública, cuando se elaboran muy bonitos planes de desarrollo pero luego al final del trienio o sexenio resulta que se hicieron muchas cosas pero no de lo que los planes establecían, pero también necesitamos en este momento sentar las bases y evaluar los discursos, qué tan congruente se es y qué tan real se es en el combate a la corrupción; hay que pasar del discurso a las acciones.