Tortura en penales deja secuelas: AsiLegal

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La cárcel mata. Personas que no tenían enfermedades antes de ingresar a los centros de reinserción social enfermaron o registraron afectaciones por tortura o maltrato, en estados como Oaxaca y Chiapas.

Además la atención en materia de salud en los penales es deficiente. Así lo establece el informe alternativo Tortura en México elaborado por Asistencia Legal por los Derechos Humanos Asociación Civil (AsiLegal).

El informe alternativo que se envía para consideración del Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas en virtud del séptimo examen periódico a México en el marco del 66° periodo de sesiones que se celebrará los días 23 de abril y 17 de mayo de 2019, recaba a partir de una serie de entrevistas, sobre las condiciones de internamiento, en específico relacionadas con la salud, en los centros de reinserción social de Oaxaca, Chiapas, Hidalgo y Baja California.

Insultos y humillaciones

El documento señala que en estos centros se han identificado una serie de patrones al momento en que la autoridad brinda los servicios de salud.

“Muchas de las personas entrevistadas no tenían padecimientos antes de su ingreso a los centros o, en algunos casos, ingresaron con afectaciones directas de la tortura y malos tratos ocurridos durante su detención que no fueron atendidas pertinentemente”.

Da a conocer que en Chiapas y Oaxaca, de las 202 personas privadas de libertad entrevistadas, 59 alegaron haber sufrido amenazas, insultos y humillaciones durante su detención, 55 fueron víctimas de golpes, azotes, jaloneos y empujones; 10 sufrieron choques eléctricos, ahogamiento o asfixia.

Añade que además la negación al derecho a la salud se presenta desde el momento mismo en que la persona es detenida, no sólo porque es víctima de tortura y malos tratos -un claro atentado contra la integridad personal- sino también porque muchos de los detenidos no son presentados oportunamente ante un médico legista que certifique su estado de salud.

Asevera que la cantidad de personas privadas de su libertad que sufren algún padecimiento y no reciben el cuidado necesario es muy grande.

“En Chiapas y Oaxaca, de las 202 personas entrevistadas, 77 sufren alguna enfermedad crónica y 57 de ellas alegan no recibir ningún tipo de tratamiento o este resulta insuficiente”.

Derecho a la salud

Sostiene que de igual forma se ha recabado información sobre diversas fallas estructurales dentro de los centros como, por ejemplo, que no se tiene acceso a algunas medicinas y otros servicios o que son las personas privadas de libertad, a través de sus familiares, quienes deben de pagar para recibirlos.

En esta situación, la organización AsiLegal propone las siguientes recomendaciones: México deberá eliminar cualquier obstáculo legislativo o de otro tipo en específico, todos aquellos lineamientos sobre afiliación y operación del sector salud que los excluyen del goce y disfrute de dicho derecho, así como sancionar a cualquier autoridad que se niegue a otorgar la atención médica necesaria a las personas privadas de libertad.

Además de coordinar a todas las autoridades para que se realicen convenios específicos y vinculantes sobre otorgamiento de servicios de salud dentro de los centros penitenciarios; y que se otorgue la atención especializada que las mujeres requieren dentro de los centros de reinserción social y que se les garantice el acceso a un ginecólogo que se encuentre disponible en todo momento.