Arriesgado, abrogar la reforma educativa

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La ausencia de un proyecto educativo y la falta de claridad de la relación entre las entidades y el Estado es parte de lo que evidencia la decisión del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador de enviar un memorándum a las secretarías de Educación Pública, de Gobernación y de Hacienda para dejar sin efecto la reforma educativa.

Mientras el ex delegado de la SEP en Oaxaca Hermenegildo Velásquez Ayala opinó que el debate se centrará en la viabilidad constitucional de la determinación del Presidente, el especialista en educación Samael Hernández Ruiz, hizo notar que la gran ausencia es la propuesta educativa.

Sin vías jurídicas para exigir el derecho a la educación, el investigador que en 1984 se hizo acreedor al Premio Nacional de Educación, lamentó que sean niñas y niños quienes se queden en la indefensión porque ni un padre ni una madre puede presentar una demanda contra el director de cualquier escuela porque “no hay procedimiento expedito”, en un contexto en el que la educación ha dejado de ser un bien “lo suficientemente valorado”.

En entrevista hizo notar el riesgo de que el presidente López Obrador instruya a suspender de facto las normas vigentes en aras de algo que todavía no se sabe, pero puede ser un intento de congraciarse con la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación o el mismo Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), lo cual sería “demasiada condescendencia”.

En la abrogación o derogación de una reforma educativa que en junio de 2015 intentó arrancar en Oaxaca luego de que el ex titular de la SEP, Emilio Chuayffet, aseguró el Estado recobraría el control de la educación, “se discute de todo, menos de ese derecho”.

Por una parte la CNTE discute asuntos laborales, quienes simpatizan con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) defienden una visión que supedita las cuestiones pedagógicas a criterios económicos, y la “vieja visión nacionalista” plantea algo muy general que no alcanza a concretarse en un proyecto educativo.

Lo más preocupante es que se carece de una propuesta educativa y se ignora la función de los estados, incluyendo del SNTE.

Por eso Samael Herńandez sugirió que la Federación realice un trabajo serio y colegiado de expertos -no sólo investigadores, sino profesorado con experiencia en los diferentes niveles educativos- para que definen a con criterios generales cuál es el proyecto educativo.

Sólo en ese momento convendría analizar la conveniencia de abrogar o no la Reforma Educativa que impulsó el sexenio de Enrique Peña Nieto y que en Oaxaca no se pudo aplicar del todo ante la oposición de la Sección 22 del SNTE, fracturado ahora a su interior.