Demanda a Fiscalía, investigar feminicidio

Maurilio Santiago Reyes explicó que hay impunidad en los crímenes cometidos contra activistas en Oaxaca.

El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI) reclamó a la Fiscalía General del Estado respetar la resolución del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado y una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) e investigue y sancione a los responsables del feminicidio y de la desaparición forzada de las defensoras de derechos humanos, Yaneth González López y Yesennia Pascual Ramos.

El presidente de esa organización, Maurilio Santiago Reyes explicó que González López, de 34 años de edad, fue asesinada a balazos por dos personas desconocidas, el 26 de marzo del 2018, en Putla Villa de Guerrero, en las afueras de la unidad habitacional donde residía.

Expuso que la Fiscalía General del Estado inició la Carpeta de investigación 1014/PG/2018 en contra de quien o quienes resulten responsables por el delito de homicidio, pero la familia ha exigido se indague como feminicidio.

Detalló que la CIDH emitió medidas cautelares en favor de su familia, el 6 de septiembre del 2018, ante las amenazas y atentados en su contra, y además solicitó al gobierno mexicano investigar como feminicidio el crimen de González López

Por otra parte, mencionó que Yessenia Pascual Ramos, de 23 años de edad, desapareció el 12 de mayo del 2015, en la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca.

Precisó que la familia presentó la denuncia penal por su desaparición, el 29 de junio de ese año, ante la Fiscalía de Delitos contra la Mujer por Razón de Genero de la Mixteca, dando lugar al legajo de Investigación 1205/(FMM)/2015.

Subrayó que el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, el 29 de enero del 2016, otorgó el amparo y protección a la familia y ordenó a la Fiscalía General del Estado, realizar todos y cada uno de los puntos establecidos por el Protocolo Estatal para la búsqueda de personas no localizadas y desahogar las diligencias necesarias y procedentes utilizando los medios de apremio.

Frente a esto, el activista demandó a la Fiscalía General del Estado no incurrir en actos de impunidad y respetar la resolución del Juzgado Quinto de Distrito y la medida cautelar de la CIDH, porque ambas determinaciones solicitan se investigue y se sancione a los responsables de ambos casos.