Exhiben guerra sucia contra AMLO

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunciará ante la Fiscalía General de la República una red de empresarios, personas físicas y ex funcionarios por el presunto financiamiento de una "campaña negra" contra Andrés Manuel López Obrador en 2018.

El organismo, encabezado por Santiago Nieto, demandará hoy que se investigue a los involucrados, que van desde el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y ex directivos de Televisa, hasta la constructora OHL, el Gobierno del Estado de México y a Rosario Robles, ex titular de la Sedesol y la Sedatu.

La querella busca castigo para los responsables de financiar una supuesta guerra sucia en contra del candidato presidencial de Morena en las elecciones de 2018 por la publicación de la serie "Populismo en América Latina".

Ayer, la Presidencia difundió un documento de la UIF en el que se asegura que el Consejo Mexicano de Negocios, integrado por los empresarios más ricos del país, participó en el financiamiento de la serie.

Ahí se detalla que, entre julio y septiembre del 2017, el Consejo, entonces encabezado por el empresario Alejandro Ramírez, entregó 96.9 millones de pesos a la consultoría digital Conaxis.

A su vez, esa compañía dio 18.5 millones de pesos a la empresa Piña Digital, propietaria de "La División", casa que produjo el documental.

De acuerdo con la UIF, entre diciembre de 2017 y enero de 2018, Conaxis también entregó 34 millones de pesos a Martha Matilde Mejía Montes, quien --como intermediaria-- entregó 8.3 millones de pesos al ex directivo de Televisa y publicista del ex Presidente Enrique Peña Nieto, Alejandro Quintero, que forma parte de las indagatorias.

Respeto de CMN

Apenas el 18 de febrero de este año, López Obrador elogió al presidente saliente del Consejo Mexicano de Negocios por su respeto al proceso electoral.

Ayer, Nieto informó que interpondrá una denuncia formal contra quienes resulten responsables de esa campaña, que fue anunciada en autobuses y redes sociales.

El funcionario describió una red de empresas y personajes que incluye al Bufete de Proyectos, Información y Análisis, despacho al que calificó como "posible empresa fachada", utilizado para desviar recursos públicos de las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

En el documento se menciona por su nombre a la ex titular de esas dependencias Rosario Robles, ya que las operaciones investigadas se llevaron a cabo durante su gestión en ambas dependencias.