Regresan a Ixcotel a presuntos homicidas

Gilberto y Valeriano deberán regresar al penal de Santa María Ixcotel

Magistrados de la sexta sala del Tribunal Superior de Justicia ordenaron regresar al penal de Santa María Ixcotel a los presuntos homicidas, Glberto M.V., Valeriano M.V. y Carlos Manuel L.C., quienes fueron cambiados el 7 de noviembre sin una audiencia previa y porque consideraron que la juez que calificó de legal el traslado no es la autorizada, sino debe ser la de ejecución de sentencias.

En la resolución del toca penal 04/2019, los magistrados Abel Narciso Alvarado Vásquez, René Hernández Reyes y Tito Ramírez González, fijaron un plazo de 72 horas para que la misma juez de control que autorizó el traslado, ordene que los imputados regresen al penal de Santa María Ixcotel, al existir irregularidades en el procedimiento.

De acuerdo con el toca penal, los abogados defensores Gerardo Francisco López García y Gerardo Francisco López Thomas, promovieron recurso de apelación en contra del auto que calificó de legal el traslado de los imputados, al considerar que la Jueza de Control en Funciones de Juez de Ejecución Penal violentó el principio del debido proceso al no valorar correctamente los dictámenes que obran en los oficios de traslado de los imputados.

En su argumentación jurídica expusieron que no cumplieron con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal que establece tres requisitos indispensables para llevar a cabo la excepción al traslado voluntario, las cuales se deben de llevar a cabo en casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad, en casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad y en caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario.

REALIZAN TRASLADO Y UN DIA DESPUÉS LOS OFICIOS

En el analisos que realizaron los magistrados consideraron que la juez de control no valoró correctamente los dictàmenes que obran en los oficios SSP/SPRS/DGR/SJ3738/2018, SSP/SPRS/DGR(SJ2996/2018, SSP/SPRS/DGR/SJ2997/2018 y SSP/SPRS/DGR/SJ2998/2018, donde no se cumplen con los tres requisitos para llevar a cabo la excepción del traslado establecidos en el artículo 52 de la mencionada ley y también que los estudios que sustentan la resolución administrativa fueron realizados un día después de dicho traslado.

Para ello analizan que los imputados no están acusados del delito de delincuencia organizada, sino por homicidio calificado.

Los abogados expusieron que si los internos requieran medidas especiales de seguridad debería ser desde un principio el traslado a un centro especial.

También hicieron mención que en los estudios realizados por personal de la Secretaría de Seguridad Pública menciona como resultado riesgo institucional medio; adaptabilidad medio, capacidad criminal alto, peligrosidad criminológica ( intelectual y material) medio.

Asimismo, los magistrados consideraron que la sesiòn realizada por el comitè Técnico del Centro Penitenciario de Santa María Ixcotel son referencias, ya que quien determina es el juez de ejecución. Además, en su sesiòn de consejo utilizaron notas periodísticas las cuales no son vinculantes, pues únicamente obran como simple conjetura y no son parte del proceso, precisan.

Cabe hacer menciòn que a las 21: 37 horas del 7 de noviembre del año 2018, el Director del Centro Penitenciario de Santa María Ixcotel informó a la Juez de Control del Distrito Judicial del Centro, Sede Tanivet, que a las 22:45 horas del 6 de noviembre del 2018 fueron egresadas del citado centro penitenciario los tres imputados  para ser trasladados al Centro Federal de Readaptación Social número 13 en Miahuatlán de Porfrio Dìaz.

El 8 de noviembre, la juez de control calificó de legal el traslado, lo cual debería haber realizado un juez de ejecución de penas, por lo cual los magistrados ordenaron regresar a los tres imputados al penal de Santa Maria Ixcotel.

Cabe hacer mención que el 24 de septiembre del 2018 fueron detenidos los hermanos Gilberto y Valeriano, cuando se daban a la fuga con destino al estado de Puebla.

Los hechos por los cuales fueron acusados ocurrieron el 23 de agosto del 2018, cuando un taxista del sindicato Libertad fue secuestrado, lo llevaron a una casa de seguridad en Trinidad de Viguera, donde fue decapitado.

A travès de las redes sociales difundieron la forma en que cometieron el ilícito y el cuerpo apareció al día siguiente en jurisdicción de Santa Rosa Panzacola. El 19 de septiembre ocurrió el cateo en el domicilio, donde supuestamente ocurrieron los hechos.