Despojo a comunidades costeñas de Oaxaca

Poco a poco se ha ido privatizando la playa de Bajos de Chila

El desarrollo turístico en la costa oaxaqueña ha probado ser “un beneficio de grandes empresarios y ricos”. A los pueblos costeros como Tilzapote, Cuatunalco y Barra de la Cruz  les ha significado despojo de tierras.

“Siempre nos hacen a un lado”, dice a manera de balance Fredy García, integrante de la Coordinación del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi), quien asegura que los despojos ocurren con el respaldo de diferentes instituciones del gobierno, tanto estatales como federales.

El avance de la construcción de las autopistas al Istmo de Tehuantepec y la Costa ha hecho que las playas ociosas para la actividad turística, ahora sean un botín y que a quienes defienden el territorio les cueste la vida.

La Codedi denunció que el asesinato de Abraham Hernández González, ocurrido el pasado 17 de julio, es por su posición de comunero y defensor de las 23 hectáreas de tierra a orilla de la playa El Salchi, en Cuatunalco, perteneciente al municipio de San Pedro Pochutla.

Despojo y asesinato

Del despojo que se intenta concretar desde hace seis años, acusan al presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Pedro Pochutla, Jesús Reyes, para que se amplíe la zona hotelera que ya tiene presencia en 16 hectáreas de esa playa Una situación similar viven cien pobladores de Barra de la Cruz, en el municipio istmeño de Santiago Astata. La vista a la playa ha propiciado una disputa para despojarlos de su territorio y ampliar la zona hotelera a propósito que la comunidad está a la orilla de la carretera que conforma el ramal a la Costa de la autopista al Istmo de Tehuantepec.

Oponerse a ese despojo también costó la vida de Noel Castillo Aguilar, comunero e integrante de Codedi asesinado el 25 de octubre pasado.

Con él suman cinco integrantes de Codedi asesinados en 2018 de un total de nueve casos documentados en este año por la Coordinación para la Libertad de Personas Defensoras Criminalizadas en Oaxaca.

La entrega de tierras a desarrolladores turísticos sólo se entiende por la intervención de autoridades de gobierno. El presidente del comisariado de Bienes Comunales de San Francisco Cozoaltepec, Javier Díaz Figueroa, ve como una orden sin fundamento la entrega de casi 300 hectáreas a dos particulares.

Con argucias, Pedro Martínez Araiza y Domitila Guzmán Olivera se ostentan como los propietarios de esa extensión en la que viven alrededor de cien familias.

Su oposición ha llevado a 80 comuneros a bloquear en octubre pasado la carretera federal 200 en la zona costera; el martes pasado marcharon en esta ciudad y el miércoles bloquearon arterias en la ciudad de Oaxaca.

Sus acciones de protesta la suspendieron el jueves una vez que lograron un encuentro con el gobernador Alejandro Murat, quien les ha dicho que no va a permitir que el magistrado, Luis Ponce de León, instruya a alguna autoridad judicial para ejercitar acción penal contra los comuneros.

“Estamos trazando otra ruta jurídica y vamos seguir trabajando con el equipo que comisionó el gobernador”, detalló Edith Santibáñez Bohórquez, integrante del cuerpo jurídico de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que asesora a los comuneros.

Este viernes venció el plazo que el magistrado del Tribunal Unitario, Luis Ponce de León, dio a las autoridades comunales de Cozoaltepec para entregar las 300 hectáreas “a dos propietarios “ficticios” que encubren los nombres de los inversionistas del desarrollo del complejo inmobiliario Esmeralda de María Uno.

Las 300 hectáreas que desde hace 70 años conforman un núcleo agrario de Cozoaltepec y cuenta con una resolución presidencial de 1986, pero a pesar de ello la amenaza del despojo oficial sigue vigente.