Defender indígenas, una labor interminable para interpretes en Oaxaca

Rafael Pérez Hernández es uno de los pocos interpretes que durante 11 años se ha dedicado ha apoyar a sus paisanos en los juicios orales.

Originario de La Mesilla, Santiago Amoltepec, aprendió a dominar la lengua materna de la mixteca alta y baja, pero también la de los tacuates.

Tras el refuerzo de los juicios orales en el sistema penal acusatorio, la ley estableció que toda persona indígena que por cualquier circunstancia se presente ante un juez debe contar con el apoyo de un traductor o interprete.

Sin embargo a más de una década de ayudar a sus paisanos Rafael cuenta que los problemas siguen siendo la falta de seriedad por parte del Estado Mexicano y el económico.

Hasta el 2017 el tabulador de la Comisión Nacional para la Defensa de los Derechos Indígenas (CDI), establecía que la contratación de un intérprete para una audiencia cuesta 1 mil 100 pesos más viáticos como traslado, alimentos y hospedaje que requiera.

Antes de la figura de los interpretes, el sistema judicial reconocía a los traductores cuya finalidad era plasmar en papel la declaración de los indígenas.

“no es lo mismo un traductor que interprete, el interprete es una persona que va ayudar de forma oral, va ser del español al mixteco, debe ser igual, sin distorsionar la información” señaló Pérez Hernández.

En otras palabras es el enlace entre la personas que habla la lengua materna y una persona que domina el  español “para que se pueda comprender y el juez pueda entender qué esta pasando, tanto para el indígena, juez y agente del ministerio publico”.

De acuerdo a Pérez Hernández un perito no sólo domina una lengua materna, también debe tener conocimientos en leyes con una preparación academica de universidad “en un juicio se usan palabras técnicas que en la lengua materna no existen pero hay que buscar una similar para que no se pierda esa información”.

Tras 11 años de experiencia como perito Rafael asegura que una mala asesoría en un juicio oral puede cambiar en su totalidad el proceso judicial.

Una encuesta realizada por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, contenida en el informe “El acceso a la justicia para los indígenas en México. Estudio de caso en Oaxaca estableció que de 586 presos indígenas encuestados, un 16 por ciento dijo haber tenido el apoyo de un traductor y un 84 por ciento dijo que no.

En la actualidad la ausencia de traductores o interpretes en juicios orales puede motivar la reposición de un proceso judicial.