Demandan loxichas de Oaxaca libertad de eperristas

Zacarías Pascual García, Abraham García Ramírez y Agustín Luna Valencia, los ex presos de Loxicha, acudieron al Foro Escucha Oaxaca

Los ex presos de San Agustín Loxicha, acusados de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR), demandaron al presidente electo Andrés Manuel López Obrador la libertad inmediata de más de 30 de sus compañeros aún encarcelados, al señalar que las detenciones fueron arbitrarias durante la campaña de hostigamiento y represión generalizada por el Estado, desatada a partir de 1996.

“La lucha no ha terminado, seguimos con nuestras banderas en alto”, afirmó en su representación, Abraham García Ramírez, quien estuvo 20 años en prisión.

Durante el Foro Escucha Oaxaca por la Pacificación y Reconciliación Nacional, el indígena zapoteco explicó que los gobiernos federal y estatal desataron una campaña represiva brutal y generalizada en contra de San Agustín Loxicha, en una supuesta persecución del grupo armado.

“Nuestro pueblo se convirtió en un campo de ejecución y experimentación de la contrainsurgencia, porque se desencadenaron arrestos ilegales, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales”, asentó.

Expuso que en esta historia represiva, se registraron 250 detenciones ilegales, 200 casos de tortura, 80 cateos ilegales, 30 desapariciones forzadas, 160 presos y un número indeterminado de casos de abuso sexual, hostigamiento y amenazas de muerte.

"Acusaciones absurdas"

“Los delitos que se nos imputaron fueron de lo más absurdo, entre, sabotaje, conspiración, asociación delictuosa, incitación a la rebelión, rebelión, robo, homicidio, terrorismo y daño en propiedad ajena”, añadió.

Subrayó que toda esta violencia generalizada ha originado la ruptura de la organización comunal y del tejido social, así como el crecimiento de la pobreza y el rezago social.

Ante esto, requirió la liberación de los 36 indígenas zapotecos de San Agustín Loxicha presos en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Miahuatlán de Porfirio Díaz y uno más encarcelado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Puente Grande Jalisco, así como la aplicación de programas especiales, políticos, económicos y sociales, para posibilitar el bienestar y el desarrollo de su pueblo.

Además, cancelar las órdenes de aprehensión aún vigentes, las firmas en los juzgados y el pago de la reparación del daño que se impuso a los presos liberados, así como la devolución de lo ya pagado.

Así como, otorgar una indemnización justa a las viudas de los asesinados y hacer la reparación del daño a todas las víctimas de la violencia gubernamental en San Agustín Loxicha.